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Comunicado de Mexicanos Primero ante el paro laboral de la CNTE en Guerrero, Chiapas y Oaxaca

  • ¿Y las niñas y los niños, qué? En Oaxaca, Chiapas y Guerrero no se está pensando en ellas y en ellos.
  • El proceso de negociación entre la autoridad estatal y la CNTE debe ser de cara a la sociedad.
  • Los gobiernos de los estados no pueden dejarse amedrentar por quienes persiguen excepciones contrarias al derecho a aprender de las niñas y los niños.

Ciudad de México a 3 mayo de 2017.- Ante la convocatoria al paro en las escuelas convocado por los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Guerrero, Chiapas y Oaxaca, que dejó sin clases a cientos de niñas, niños y jóvenes en dichas entidades, Mexicanos Primero hace un enérgico llamado a que los gobernadores de estos tres estados asuman la responsabilidad que les compete de garantizar el derecho a contar con el servicio educativo ininterrumpido, una faceta de su derecho constitucional a la educación.

Como ya es típico en el mes de mayo, la CNTE convoca a paro de labores, bloqueos y protestas. Bajo la supuesta defensa de “derechos adquiridos en la lucha”, generan destrozos y desmanes cada vez más gravosos para la población de sus entidades.

La suspensión de clases en estas entidades por paros convocados por la dirigencia de la CNTE son comunes, al grado de llegar a ser considerados como “normales”, a pesar de que el daño para México es múltiple:

  • Se dificulta la profundización de la transformación educativa;
  • Se financia a quienes se oponen de manera abierta a la misma;
  • Se entroniza a grupos que ya tienen una enorme influencia en los estados más necesitados de transformarse (Oaxaca, Guerrero, Michoacán) y que hostigan a maestros y directivos cumplidos y honestos;
  • Se perpetúa el despilfarro de recursos educativos;
  • Se debilita, aún más, el Estado de Derecho y se agranda la corrupción y la impunidad que la nutre;
  • Se incrementa la posibilidad de que la autoridad negocie, lejos del escrutinio público, el uso del dinero de los mexicanos para "comprar" soluciones políticas que han probado ser ineficaces.

Y más grave, a la base de todo esto, nadie se pregunta: ¿y los niños, qué?

A pesar de que la ley es clara, de aplicación obligatoria sin excepción en todo el territorio nacional, vinculante para todas y cada una de las entidades de la República, los líderes sindicales insisten en buscar hacer del sistema educativo un botín a su servicio. Ningún nombramiento de maestro, director y supervisor se otorga como parte de una supuesta prebenda ganada en el pasado. Los nombramientos se ganan mediante concurso, por el mérito, a través de evaluaciones validadas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

El Artículo Tercero de la Constitución y el Artículo 21 de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) establecen que el ingreso de los docentes al Servicio en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado y sus Organismos Descentralizados, se llevará a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y las capacidades necesarias. Es nula toda forma distinta de ingreso al servicio y, en consecuencia, no surtirá efecto alguno toda forma de Ingreso distinta (Art. 71, LGSPD). Por otro lado, para el caso de los profesores que ya se encuentren frente a grupo, directores y supervisores “las autoridades educativas deberán evaluar el desempeño docente en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado (Art. 3 Constitución y Art. 52, LGSPD)”.

Los niños de Oaxaca, Guerrero y Chiapas tienen el mismo derecho a contar con ciclos escolares completos, así como con profesores idóneos, evaluados y certificados en sus competencias docentes. Esto ya fue ratificado por un juez de distrito en enero de 2016, quien ante un amparo de Aprender Primero, brazo jurídico de Mexicanos Primero, actuó en contra de la omisión de parte de la autoridad por negarse a separar del servicio a todos y cada uno de los maestros de la escuela que faltan a sus labores por más de tres días de manera injustificada, tal y como lo señala el artículo 76 de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Como en otras ocasiones, los dirigentes de la CNTE pretenden confundir con la desinformación sobre pago a docentes ya regularizados anteriormente o la contratación automática de los egresados de las normales oaxaqueñas. Mientras en el primer caso se trata de un acuerdo que prevalece desde el año pasado y ha sido registrado debidamente en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), en el segundo se trata de normalistas que participaron en la evaluación de ingreso, como marca la ley.

La exigencia concreta a las autoridades de Oaxaca, Chiapas y Guerrero es que informen de manera puntual y transparente sobre el proceso de negociación y los acuerdos se realicen de cara a la sociedad en beneficio de su comunidad y no de unos cuantos intereses de cúpula. Los gobernadores deben respetar el mandato que recibieron –cumplir y hacer cumplir la ley- y no solapar la impunidad. La violación al derecho a aprender no puede convertirse en costumbre.

Estamos viviendo un momento crucial para ser capaces de consolidar un sistema educativo que sirva a niñas, niños y jóvenes, y que no se sirva de ellos ¡El derecho a ir a la escuela, aprender y participar es primero!

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