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La nómina magisterial, un problema histórico que persiste

  • Continúan las irregularidades en 44 mil 76 plazas de maestros.
  • Hacemos un reconocimiento a las diversas autoridades responsables, a través de los años, de acabar con este problema histórico.
  • La auditoría dada a conocer el día de ayer forma parte de una serie de esfuerzos por transparentar y regular la nómina docente entre autoridades y sociedad civil en su conjunto.

Ciudad de México a 18 de julio de 2017. La Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó el día de ayer la auditoría realizada al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE). Como parte de un ejercicio colaborativo entre el gobierno de la República y las entidades federativas, se comparó el número de personal pagado con el FONE contra el número de personal adscrito a las escuelas. Los resultados demuestran avances, aunque el problema histórico sobre el (mal) manejo de la nómina magisterial persiste.

En el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), la SEP reveló irregularidades aun en el manejo de 44,076 plazas de maestros. Es decir, maestros a los que se les paga con dinero de la educación para desempeñar funciones educativas, pero realizan labores administrativas (14,900), cuentan con licencias injustificadas (17,262), presentan bajas no registradas (1,361) o, no están localizadas (10,553).

Mexicanos Primero reconoce avances en el proceso de limpieza de la nómina magisterial. Entre el 2009 y el 2015, el gasto registrado como “irregular” ha logrado disminuir en un 84%.

La auditoría dada a conocer el día de ayer forma parte de una serie de esfuerzos por transparentar y regular la nómina docente, producto de exigencias y propuestas realizadas desde la sociedad civil. El Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al ordenar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que ejerza sus facultades para evitar cualquier desvío, el trabajo conjunto de la SEP, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y los gobiernos estatales para conciliar las plazas antes de la puesta en marcha del FONE, así como el pase de lista realizado por la ASF publicado en el mes de febrero, son reflejo de este compromiso a favor del derecho a aprender en México.

Si bien es cierto, aun no desaparecemos este problema histórico, estos ejercicios nos permiten identificar con cada vez mayor precisión dónde está el problema. En específico, esta auditoría nos dice:

1. Seguimos subsidiando a la burocracia educativa con dinero de la nómina docente.

  • Esta auditoría encontró 14,900 casos de plazas docentes ocupadas por personal que laboran en oficinas administrativas. Esta irregularidad podría ser aún más grande que lo que reporta la SEP. En el pase de lista de la ASF reportado en febrero sobre el año 2015, se identificaron 44,220 personas con plaza docente que solamente desarrollaron funciones administrativas. Asimismo, una revisión del primer trimestre del FONE de 2017 revela alrededor de 33 mil plazas docentes adscritas a centros administrativos (centros ADG). Es crítico tener claridad sobre los datos y las metodologías implementadas para entender estas discrepancias, contar con un diagnóstico más preciso y tomar las acciones adecuadas.

2. Faltan mecanismos efectivos de regulación de la federación hacia los estados, respecto a la forma y los tiempos para reportar los movimientos de la plantilla docente en los estados.

  • Los pagos del FONE se realizan con base en la información proporcionada por las entidades. Sin embargo, los estados tardan en promedio 52 días (y algunos más de 5 meses) para reportar licencias y comisiones que implican la suspensión del pago. Mientras esto acontece, perdemos recursos que no llegan a los docentes en las escuelas.

3. Todavía impera el desorden administrativo en los estados.

  • La auditoría realizada por la SEP identificó 10,553 plazas “no localizadas”. Este número representa una disminución importante desde los 39,222 identificadas con esta situación en el CEMABE. Si bien no significa necesariamente ilegalidades, sin duda habla del desorden en el manejo de la nómina docente a nivel estatal que facilita las irregularidades.

4. Los avances registrados para limpiar la nómina magisterial federal se deben a la introducción de mecanismos de transparencia y regulación, mismos que son inexistentes a nivel local. Desconocemos cómo y cuánto se (mal) gasta en las nóminas docentes locales.

Por ello, hacemos un llamado:

  • Al gobierno de la República, para que establezca mecanismos efectivos de regulación y sanción para asegurar un mejor flujo de información desde los estados.
  • A la SEP, para que estos ejercicios se sistematicen, a fin de contar con una metodología transparente, obligatoria y de rutina para todos los agentes involucrados.
  • A la ASF, para que, como ha hecho en años anteriores, inicie procedimientos para recuperar el dinero desviado y para sancionar a servidores públicos involucrados, así como presentar las denuncias necesarias.
  • A los gobiernos estatales, para que repliquen estos ejercicios de auditoría en sus nóminas locales, se transparenten los procesos, se apliquen sanciones y ordenen administrativamente su proceso.
  • Al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y las facciones disidentes que se identifican como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a que se comprometan a nunca más usurpar un lugar de un maestro frente a grupo o en tarea de asistencia pedagógica.

El trabajo coordinado entre la sociedad civil y las autoridades a favor del derecho a aprender de las niñas, los niños y jóvenes de México, no sólo es necesario y deseable, es eficaz.

 

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