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Con fallo de un juez federal Mexicanos Primero hace un llamado a las autoridades a garantizar la educación incluyente

 

  • El Poder Judicial de la Federación obliga a más de 20 instancias federales y de la Ciudad de México a garantizar a los adolescentes en la Comunidad de San Fernando su derecho a aprender.
  • Los Poderes Legislativo y Ejecutivo tendrán que fortalecer la educación incluyente en las leyes secundarias y políticas públicas durante septiembre y noviembre, fechas en que se aprobarán las nuevas leyes y se presentará la Estrategia Nacional de Inclusión Educativa.

Ciudad de México a 20 de junio de 2019.- A unos días de que el Poder Judicial de la Federación (PJF) dictó sentencia respecto de un amparo promovido por Aprender Primero, brazo jurídico de Mexicanos Primero, por la violación del derecho a la educación de los jóvenes privados de su libertad en la Comunidad de Tratamiento Especializado de San Fernando en la Ciudad de México, la organización de la sociedad civil hace un llamado a los poderes Ejecutivo y Legislativo a fortalecer la educación incluyente durante la construcción y aprobación de las leyes secundarias y la estrategia nacional en la materia.

Específicamente, el llamado es a que, en la legislación secundaria, los legisladores definan con claridad a los responsables de garantizar la educación incluyente, así como los mecanismos de coordinación y control; y que establezcan la facultad y la obligación de los agentes de cambio de identificar y eliminar cualquier tipo de barrera del aprendizaje y responder a cada niña, niño y joven sin distinción.

Y al Poder Ejecutivo se hace el llamado a presentar una estrategia incluyente basada en una participación plural y un diagnóstico rigoroso y público que tome en cuenta la exclusión histórica de ciertas poblaciones, pero que no se limite a grupos específicos; y que contemple todos los componentes del sistema educativo que hoy en día fomentan la exclusión, desde el desarrollo en la primera infancia, la formación docente, y la asesoría y liderazgo escolar, hasta el currículum, los materiales, la infraestructura y el gasto.

La Directora General de Mexicanos Primero, Jennifer O´Donoghue, aseguró que la sentencia del PJF obliga a ampliar nuestra visión con respecto a la educación incluyente, pues el Estado debe no sólo dar respuesta a estos jóvenes, sino también asegurar la inclusión de todas las niñas, niños y jóvenes que hoy son excluidos de ejercer su derecho a la educación.

“La brecha entre lo planteado (en la Constitución) y lo vivido por las personas es todavía grande, para muchos, enorme. El caso de los jóvenes en San Fernando, privados de su libertad y del ejercicio pleno su derecho a la educación, nos confirma una vez más esta indignante realidad y nos da evidencia respecto a lo que no funciona para la garantía del derecho de todas y todos a una educación incluyente”, agregó.

Rodrigo Buj, socio del despacho Malpica, Iturbe, Buj y Paredes que ha llevado el caso de San Fernando durante los últimos dos años, explicó que el Juez Federal concedió el amparo por la omisión de más de 20 instancias federales y locales en la Ciudad de México de los ramos educativo, administrativo y penitenciario, para el efecto de que de manera coordinada garanticen a los adolescentes en la Comunidad de San Fernando su derecho a recibir una educación adaptada a sus necesidades y capacidades, y destinada a prepararlos para su reinserción en la sociedad. Es decir, obliga a las autoridades a que: diseñen planes y programas adecuados, asignen personal docente con el perfil y formación pertinentes, asignen asesores técnico pedagógicos que acompañen y apoyen al cuerpo docente, impartan el número de horas de clase al día que correspondan a cada nivel educativo y provean materiales educativos completos y correspondientes al nivel y ciclo escolar de que se trate.

En tanto, Sandra Creixell, Directora de Estudios Jurídicos de Mexicanos Primero dijo que esta sentencia ejemplar pone el reto de eliminar desde las leyes secundarias las barreras para el aprendizaje y se obligue al Estado a garantizar el derecho a la verdadera inclusión donde todas y todos están, aprenden y participan en su proceso educativo.

La sentencia de San Fernando sirve para recordarnos a todas y todos, así como a nuestras autoridades que sólo lograremos tener un sistema educativo incluyente en México con firmeza y constancia en nuestra actuación y decisión durante todos los días, meses y años que vienen.

La exigencia de la educación incluyente es alta: garantizar a cada niña, niño y joven, como una persona íntegra y diversa, su derecho a aprender; sólo así construiremos un México más justo, equitativo e incluyente.

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