¿Cómo sí? Prioridades para la educación en 2017

Escrito por JENNIFER O'DONOGHUE, JUAN ALFONSO MEJÍA LÓPEZ el 27 Enero 2017. Publicado en Blog de Mexicanos Primero | Vistas del artículo: 826

Publicado en El Financiero 26|1|2017

La reforma al Artículo 3º constitucional del 2013 coloca la defensa del derecho a aprender como la máxima prioridad y busca orientar el sistema educativo nacional hacia el aprendizaje. Pero a casi cuatro años de su promulgación, no estamos donde deberíamos estar. La semana pasada Mexicanos Primero presentamos cinco barreras que limitan la implementación de la reforma constitucional y nuestra capacidad de aprovechar plenamente los cambios estipulados en la ley. Esta semana respondemos a la pregunta, ¿qué tenemos que hacer en 2017 para remontar estas barreras?

 

La presente coyuntura es una gran oportunidad para quienes creemos en la necesidad de transformar el sistema educativo. Entre 2016 y 2017, 16 entidades de la República habrán renovado sus gobiernos y, con ellos, la posibilidad de refrendar su compromiso con el derecho a aprender de las niñas, niños y jóvenes de sus respectivos estados. Estos estados tienen bajo su responsabilidad a casi la mitad – 12.8 millones – de las y los alumnos en educación básica. Es una oportunidad inigualable.

Presentamos diez prioridades para la educación en el 2017, haciendo un llamado, en particular, a los gobiernos estatales, a que cumplan con su responsabilidad y lideren la transformación educativa en sus estados. Asimismo, hay tareas impostergables para las autoridades federales.

Para los gobiernos estatales:

1. Asegurar que todas las plazas docentes sean asignadas por concurso, en ingreso y promoción. Transparentar y confirmar la concordancia entre el número de vacantes definitivas y los lugares concursados en las convocatorias, respetar el orden de prelación y dar certeza de que se respeta la ley en las “regularizaciones”.

2. Involucrar a todos los docentes en experiencias de formación continua relevantes y pertinentes para su contexto. Dar oportunidades de formación continua según las necesidades de sus alumnos y las problemáticas específicas de sus escuelas.

3. Depurar la nómina docente, evitando desvíos o pagos a comisionados, con el Sistema de Información y Gestión Educativa funcionando y alimentado por información desde cada escuela. Arreglar sobre todo el caso de puestos administrativos que son pagados con sueldos que corresponden a maestros; es inaceptable que los propios titulares de las secretarías de educación estatales se carguen a la nómina docente.

4. Asegurar la evaluación de desempeño con los nuevos procesos diseñados por el INEE. Retomar la evaluación de los maestros, ofreciendo un ambiente sereno y digno, y cumpliendo con que la selección de maestros a evaluar se haga con visión educativa.

5. Activar efectivamente el Sistema de Asistencia Técnica a la Escuela (SATE). Asegurar que la supervisión, los asesores técnico-pedagógicos y los servicios de apoyo tengan los perfiles adecuados, y que esta red de apoyo atienda con preferencia y focalización a las escuelas y zonas más marginadas.

6. Iniciar la calendarización del fortalecimiento y diagnóstico de las necesidades en cada comunidad escolar para la implementación del nuevo Modelo Educativo. La autonomía curricular no se concretará en mejores aprendizajes y prácticas si las autoridades locales no se esfuerzan por conocer y apoyar a las comunidades escolares.

7. Impulsar la participación social para que los Consejos de Participación Social fortalezcan capacidades y tomen decisiones, se realicen las Jornadas de Transparencia y se active el sistema de quejas con seguimiento. Los tres elementos son deberes señalados en la ley.

8. Operar con pulcritud y transparencia la asignación de contratos de las obras del programa Escuelas al CIEN. Asegurar que los contratos se asignen según la ley y que los materiales, especificaciones, costos y aprobación de la comunidad son adecuados y honestos.

Para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE):

9. Asumir su autonomía y funcionar como garante de la evaluación para la mejora. Cumplir en su dimensión de órgano constitucional autónomo para asegurar la calidad en los instrumentos así como en la aplicación de la evaluación y que ésta retroalimente a las personas y al sistema educativo.

Para la Secretaría de Educación Pública (SEP):

10. Poner inmediatamente en marcha la transformación de la formación inicial docente. Presentar el plan pendiente respecto a las escuelas formadoras para que respondan tanto al nuevo perfil marcado por la ley como a las expectativas del Modelo Educativo.

La transformación educativa en México, de la cual forma parte la reforma al Artículo 3º constitucional del 2013, responde a un proceso de largo aliento. No inició con la presente administración y sin duda la trascenderá. Como proyecto social, es responsabilidad de todas y todos nosotros. Identificar prioridades es un primer paso; hagamos que las autoridades asuman su parte para que el 2017 sea el año en que superamos las barreras que obstaculizan la garantía del derecho a aprender en México.

 

Acerca del autor

JENNIFER O'DONOGHUE

Investigadora en Mexicanos Primero

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JUAN ALFONSO MEJÍA LÓPEZ

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