El proyecto de transformación educativa: ¿un barco a la deriva?

Escrito por JUAN ALFONSO MEJÍA LÓPEZ el 16 Febrero 2017. Publicado en Blog de Mexicanos Primero | Vistas del artículo: 270

Publicado en Revista Nexos 5|octubre|2016

Para el Ex primer ministro francés, Michel Rocard, gobernar es presupuestar. Las prioridades de un gobierno, sociedad o Estado se definen con pesos y centavos. Imaginar una política pública sin el presupuesto necesario para impulsarla, es iluso para los ciudadanos y demagogo para las autoridades; ambas son igual de recriminables. Lo que no cambies en el presupuesto, no cambiará en la realidad.

Distinguir lo esencial de lo superficial, evitar los programas repletos de falsos compromisos, así como no temer a elegir es la mejor forma de afirmar el rumbo y consolidar los apoyos. En otras palabras, en materia de política pública toda coyuntura se debería definir por una visión objetiva del momento, como por aquello que fue ponderado y realizable porque se le asignaron recursos suficientes y fueron bien administrados.  

A juzgar por el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el 2017, el proyecto de transformación educativa en México corre el riesgo de convertirse en “un barco a la deriva”. Si bien es cierto el rubro educativo sufrió un recorte de un 4.8% en comparación con el 2016, algo así como $12,132 millones de pesos (mdp) en términos nominales, los programas identificados con garantizar el aprendizaje de los niños y jóvenes en Méxicodisminuyeron hasta en un 30%

A la luz del PPEF 2017 es posible afirmar que el Gobierno de la República compromete la visión del Estado mexicano sobre el derecho a aprender, además de replicar viejas inercias en el mal gasto educativo. Con su actuar, el gasto público profundiza la exclusión e inequidad que experimentan la mayoría de alumnos, maestros y escuelas en México.

La reforma al Artículo Tercero constitucional promulgada en 2013 establece la obligación del Estado de garantizar el máximo logro de aprendizaje de los alumnos. Ahora se entiende el derecho a la educación como el derecho a aprender, y la obligación del Estado por facilitar las condiciones que apoyan el aprendizaje más allá del acceso a la escuela.

ParaMexicanos Primero, el derecho a aprender exige que la educación sea triplemente incluyente. La primera inclusión se refiere a lograr trayectorias educativas completas: que todas las niñas, niños y jóvenes lleguen a la escuela, que permanezcan y transiten por ella de manera oportuna, alcanzando el bachillerato en 12 años. La segunda inclusión demanda que dicha trayectoria sea exitosa, de manera que todas y todos logren un aprendizaje integral, adecuado y suficiente para poder participar como ciudadanos globales y seguir aprendiendo a lo largo de su vida. La tercera inclusión habla de la participación de los niños y jóvenes en sus escuelas y en sus propios procesos de aprendizaje.           

El gasto es uno de los principales instrumentos del Estado para la implementación de la política pública; el uso (o no) de los recursos públicos habla del compromiso (o no) del Estado con su obligación de garantizar los derechos de sus ciudadanos. Más allá del presupuesto o la simple asignación de recursos, es el ejercicio de los mismos que promoverá (o no) el logro del objetivo final: el derecho a aprender de todos. 

De aprobarse el proyecto presupuestario en los términos enviados al Poder Legislativo, se estaría comprometiendo el compromiso del Estado mexicano con el derecho a aprender a través de los siguientes rubros:

  1. En formación docente y continua, tutorías y cursos, el recorte es de un 34% al pasar de $1,339 por maestro en 2016 a 882 en 2017.
  2. En infraestructura escolar, el recorte alcanza hasta un 71.9%, de $7,607 mdp a $2,141 millones.
  3. En  programas de inclusión y equidad educativa, la propuesta es pasar de $443 mdp a 289 millones, una disminución de un 34.6%.
  4. A pesar de que toda la evidencia demuestra las ventajas de la formación inicial (0 a 6 años) en el aprendizaje futuro de los niños, el PPEF 2017 plantea la desaparición total del programa de Fortalecimiento de Educación Temprana y Desarrollo Infantil.
  5. Ahora que el mandato constitucional reorienta el sistema educativo sobre la métrica del aprendizaje, no hay una adecuada inversión para identificar su logro. La evaluación del aprendizaje en los alumnos con pruebas como el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) tuvo un recorte del orden de un 29.8%, al pasar de $282 mdp a 198 millones.
  6. Para el caso del programa de Becas Educativas para niños indígenas de educación básica, la reducción es 29%. Uno de los sectores de la población más marginados en México ve disminuido el monto destinado a este programa de $295 mdp a $209 millones.

Todos los programas gubernamentales son susceptibles de ser suprimidos, modificados o reemplazados. El armado de un presupuesto puede representar una tarea frustrante, fuente de impotencias en las que el querer está divorciado del poder. Sin embargo, garantizar el derecho a aprender de todos los mexicanos no sólo va de la mano de un presupuesto orientado a la inclusión, sino también de un gasto que rompa con viejas inercias. 

Elmal gasto educativo en Méxicoha sido evidenciado de manera detallada en el pasado. Por desgracia, lejos de desaparecer, sus prácticas se consolidan en la ejecución del presupuesto. Mientras esto continúe, las posibilidades para hacer de las finanzas públicas un instrumento a favor de las oportunidades y la equidad se ven seriamente restringidas por la realidad. Cito un par de ejemplos que ayuden a la ilustrar este argumento. 

México es uno de los países que más gasta en educación, pero no en el alumno. La evidencia demuestra que un 85% de los recursos para la educación se destina al pago de salarios (gráfica 1)[1]. De cada 10 pesos sólo 1.5 se utiliza en formación de maestros, infraestructura, materiales didácticos, becas y cualquier otro programa orientado al aprendizaje. Mientras el gasto se siga ejerciendo de esta manera, será imposible dirigirlo a las personas y las escuelas.

Por otro lado, en México el ciclo presupuestario está roto. Se le sigue asignando recursos a los programas sin una correcta planeación, ejecución, evaluación y corrección de la política pública. Así, programas van y programas vienen, sin que sean puestos bajo la lupa con criterios estrictamente educativos.

El monitoreo efectivo y un sistema adecuado de retroalimentación sobre el ejercicio del gasto es necesario para evitar ineficiencias en el mismo. En el ciclo presupuestal 2015-2016, 1,016 planteles escolares recibieron recursos tanto del Programa de la Reforma Educativa como del Programa de Certificados de Infraestructura Escolar Nacional (Escuelas al CIEN), con el riesgo de duplicar inversiones; de los cuales se les han asignado recursos a 179 escuelas –que suman más de 173 millones de pesos– sin haber documentado una carencia explícita.[2]

En Mexicanos Primero hicimos un llamado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a corregir las asignaciones para el presupuesto, también convocamos a la ciudadanía a firmar la petición“¡No recortar en educación, sí gastar mejor en 2017!” Mientras el gasto no acompañe lo que la ley mandata y lo que las políticas anunciadas proponen, los cambios educativos corren el riesgo de ser parte de una simulación y generar desánimo en aquéllos que busca beneficiar. ¡Que responsabilidad tan grande de quienes despertaron la esperanza! 


[1]Elaboración propia con datos de SHCP, Analíticos de los presupuesto de egresos de la federación 2014, 2015 y 2016 y del PPEF 2017.

[2]SEP, datos abiertos sobre la cobertura de los programas de la Reforma y Escuelas Al Cien aplicados en 2015-2016. En el documento de Gasto para el Aprendizaje Incluyente se presenta un cuadro con 11 programas educativos evaluados, en ocasiones, con su presupuesto entre el año 2012 y 2017. Mexicanos Primero, Gasto para el aprendizaje incluyente.

Acerca del autor

JUAN ALFONSO MEJÍA LÓPEZ

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