Estabilidad en el empleo o educación de calidad, ¿derechos en pugna?

el 04 Marzo 2015. Publicado en Blog de Mexicanos Primero | Vistas del artículo: 8233

Publicado en Animal Político | 04.03.2015

Por: Macarena Velázquez López

Una de las más fuertes críticas que se ha hecho a la entrada en vigor de la llamada Reforma Educativa, por parte de algunos grupos de maestros y de dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ha sido la puesta en marcha de la evaluación universal de docentes y directivos para la permanencia, ya que consideran que dicha medida contraviene su derecho a la estabilidad laboral.

En este contexto, maestros adscritos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) interpusieron diversos amparos en los que solicitaron la suspensión definitiva en contra de la aplicación de las evaluaciones a los maestros, evaluaciones que están contempladas tanto en la Ley de Educación del Estado de Michoacán como en la Ley General del Servicio Profesional Docente. Lo anterior para el efecto de poder permanecer en sus cargos como maestros, sin ser evaluados.

Ante esta disyuntiva respecto a qué derecho prevalece, el derecho de la estabilidad en el empleo o el derecho a una educación de calidad, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, a principios de este año emitió la siguiente tesis: XI.1o.A.T.22 L (10a.), en la que estableció que “el interés de la sociedad a tener una educación de calidad está por encima del derecho de los trabajadores del sistema educativo básico público a gozar de la estabilidad en el empleo, pues están de por medio los derechos de la niñez que se pretenden obtener por medio de la aplicación de las evaluaciones a dichos trabajadores”.

Para llegar a esta conclusión, el tribunal federal realizó una serie de argumentaciones entre las que destaca el siguiente razonamiento: si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de los trabajadores del sistema de educación pública básica a la estabilidad en el empleo -que consiste en que éstos no sean despedidos o cesados arbitrariamente por el patrón, que en su caso es el Estado- la Constitución también reconoce el derecho a una educación de calidad; siendo éste el caso, si se les otorgara la suspensión definitiva a los maestros -a efecto de no ser evaluados- se correría el riesgo de perjudicar a las personas titulares de recibir una educación de calidad, ya que no se estaría garantizando a dichos titulares –niñas, niños y jóvenes- que sólo personal capacitado pueda desempeñar el cargo de maestro.

Aplaudo la resolución del Tribunal Federal por haber aprobado una resolución en la que indudablemente hizo valer, de conformidad con los tratados internacionales en derechos humanos, el principio de interés superior de la infancia, también consagrado expresamente en el artículo Cuarto constitucional. Sin embargo, yo estiraría aún más esta resolución y afirmaría que en este caso ni siquiera existe verdadera pugna entre derechos.

Como mencioné anteriormente, la estabilidad en el empleo significa que un trabajador no puede ser despedido de manera arbitraria, es decir, que el trabajador que cumple con sus obligaciones debe tener confianza plena que sus necesidades y las de su familia no dependerán de la arbitrariedad o el capricho del patrón.

En el caso de la Ley de Educación en Michoacán, que remite en el tema de las evaluaciones a la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), se establecen dos regímenes: uno para los maestros que estaban en funciones previo a la aprobación de la reforma educativa y otro régimen para los maestros de nuevo ingreso. En ambos casos, de acuerdo a la LGSPD, los maestros tienen tres oportunidades para obtener resultados satisfactorios, con obligación de acudir a cursos de regularización si en alguna evaluación se muestra un desempeño por debajo de lo aceptable. Si en la tercera oportunidad no obtienen los resultados esperados, entonces -en el caso de los maestros de nuevo ingreso- se termina su nombramiento; sin embargo, en el caso de los maestros que ya estaban en funciones antes de la reforma a la ley, se les debe readscribir a otra área, conservando su empleo pero sin una asignación frente a grupo.

Resulta evidente que con la citada legislación no se está legitimando de ninguna forma el realizar despidos arbitrarios que violen el derecho de la estabilidad en el empleo de los maestros. Por el contrario, con la evaluación contenida en la LGSPD y en la Ley General de Educación en Michoacán, se busca que los maestros frente a grupo tengan y/o adquieran las capacidades y los conocimientos que garanticen que las y los niños reciban una educación de calidad, es decir, el corazón mismo de su tarea y la justificación final de su contratación como servidores públicos. Además, se les proporcionan tres oportunidades y los correspondientes cursos de regularización para aumentar las posibilidades de obtener resultados satisfactorios. Por lo cual, lejos de derechos en pugna, considero que existe una sincronía de derechos, ya que como expliqué, en dichos artículos la ley promueve la estabilidad en el trabajo, el derecho a la capacitación que tienen los trabajadores y -por último, pero el más relevante- el derecho de todos los estudiantes a recibir una educación de calidad.

La estabilidad en el empleo es una aspiración legítima que la sociedad debe valorar y el Poder Judicial defender. Pero nunca debe hacerse equivalente ese derecho –justificado contra la arbitrariedad de empleadores abusivos- a la expectativa de permanecer empleado idenfinidamente y sin restricción ninguna cuando el empleado en cuestión no alcanza el nivel mínimo de idoneidad en el servicio público que es el objeto de su contrato. El Estado debe asegurar la idoneidad probada –literalmente probada, bajo parámetros y con evaluaciones objetivas, como es el caso de las evaluaciones de desempeño docente establecidas en la Ley General del Servicio Profesional Docente – para cumplir con la garantía constitucional que señala el Artículo Tercero Constitucional. Recapitulando, esta decisión del Tribunal Colegiado sienta un precedente esperanzador: clarificar que el derecho de las y los niños es anterior y superior a los arreglos de empleo entre los adultos, especialmente cuando el empleador es el Estado y el objeto del contrato es ofrecer educación de calidad.

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