Gasto Educativo y Rectoría del Estado

Escrito por DAVID CALDERÓN M. el 18 Noviembre 2013. Publicado en David Calderón - Blog, Blog de Mexicanos Primero | Vistas del artículo: 3918

La escuela pública sigue siendo la institución propicia para hacer efectivo el derecho a aprender. La verdadera rectoría del Estado sobre la educación y su correspondiente gasto se verifica cuando las decisiones de gobierno combinan la máxima redistribución de bienes en el marco del máximo reconocimiento a la decisión individual: la articulación entre la debida solidaridad, la garantía a los derechos y la promoción de las libertades de iniciativa y elección. Ni paternalismo asfixiante y opaco, ni deserción de la vocación a la equidad en la escuela pública. Así, la ampliación de oportunidades vitales no debe verse como un subproducto o simple resultado colateral del ejercicio del poder público. No es un "deseable opcional" en la tarea de gobierno sino su eje central, su elemento crítico de valoración y eventualmente de revocación.

La rectoría del Estado tiene una de sus principales pruebas de fuego en su capacidad de ejercer el gasto según el mandato democrático. Si el aparato gubernamental expide normas y directrices, pero no puede diseñar y realizar aplicaciones efectivas de los recursos públicos, su desempeño es digno de severa crítica.

La falta de previsión o de tino, la improvisación, la discontinuidad y la falta de fundamentación pedagógica en las decisiones de gasto educativo son otras tantas rendijas de ineficiencia y despilfarro que dañan el derecho a la educación de calidad. Si la evaluación de resultados es desdeñada o no coordinada y las decisiones sólo se ilustran con los datos de flujo de recursos y no de su impacto en el logro de aprendizaje, la rectoría es deficitaria.

Más grave todavía es la limitación de la rectoría cuando no sabe, no puede o no quiere evitar la captura de los recursos públicos. Con justa razón, en la ciencia política contemporánea se habla de la "administración actual": el gobierno en funciones, y especialmente el Poder Ejecutivo, es un equipo con un mandato acotado normativa y temporalmente, que no puede ver el erario público como su patrimonio, sino como su responsabilidad; finalmente se trata de una de las instancias del depósito de confianza que se expresó en las urnas. Si nuestro administrador designado colecta las aportaciones (por la vía tributaria) y obtiene ingresos por servicios y ganancias a través de los activos que le confiamos con la autoridad derivada de nuestra decisión colectiva, es un contrasentido grosero que después pierda nuestros recursos comunes –por incapacidad, cobardía o colusión– a manos de una facción particular.

La nueva administración federal que inició su responsabilidad en 2012 retomó, de las demandas de la sociedad civil, la consigna de recuperar la rectoría del Estado en la educación. Así lo han expresado sus voceros, y la velocidad y contundencia para concretar cambios en el orden constitucional son una buena señal.

Sin embargo, la rectoría es un ejercicio de autoridad, no de autoritarismo, ni puede interpretarse como un blindaje que hiciera irreprensibles y ajenos a la crítica y a la discusión abierta las propuestas del Ejecutivo. Sacudirse el sometimiento de la cúpula sindical para las decisiones de política educativa es necesario y meritorio, pero otro tanto lo es la transparencia y la rendición de cuentas puntual a los ciudadanos. El gobierno actual, con sus contrapartes estatales, tiene ahora la enorme responsabilidad de que la reforma del gasto siga a la reforma normativa: si la educación pública ostenta ahora –como atributo imprescindible– la garantía constitucional de su calidad, entonces el gasto no puede dejarse como está, y menos permitirse que pueda ser privatizado en la práctica a través del despojo ilegal.

Se necesita un presupuesto creciente, pero habiendo la perspectiva de una reforma hacendaria en ciernes para aumentar la recaudación, el gobierno de México debe ofrecer las mejores seguridades a los ciudadanos de su atinado y equitativo uso, y de un resguardo honesto y vigoroso ante la voluntad de saqueo.

El sistema escolar debe ser suficientemente dotado y adecuadamente compensado para la equidad; las aplicaciones del erario para el sector han de ser eficientes, transparentes, corregibles y participadas en la corresponsabilidad de la Federación y los estados. Sólo un sistema educativo con gasto de calidad puede producir aprendizaje de calidad.

Acerca del autor

DAVID CALDERÓN MARTÍN DEL CAMPO

DAVID CALDERÓN M.

Soy Cofundador y Presidente Ejecutivo de Mexicanos Primero.
Conoce mi trayectoria.

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