Los retos educativos a partir del 2014

Escrito por FERNANDO RUIZ R. el 07 Enero 2014. Publicado en Blog de Mexicanos Primero, Equipo de Mexicanos Primero - Blog | Vistas del artículo: 15405

La facultad que la ley otorga a la representación política para definir el rumbo del sistema educativo nacional conlleva importantes retos. Actualmente, el desafío no sólo es implementar las recientes reformas constitucionales sino, en paralelo, alcanzar una nueva rectoría educativa basada en una diferente configuración institucional y en nuevas prácticas políticas.

Nos guste o no, la rectoría educativa recae en la administración del Presidente Enrique Peña Nieto y en las Gubernaturas de treinta y una entidades federativas. No se han llevado a cabo procesos electorales que faculten a los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) o del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para formular y conducir el proyecto educativo del país, que implica el uso de recursos públicos e impone obligaciones a las familias mexicanas. Permitir a la Coordinadora o al SNTE no una sana participación en la discusión educativa, sino una interferencia efectiva y reconocida como autoridad paralela, es contrario a la ley y requiere de una intervención inteligente para encauzarla y contundente para detenerla.

En una democracia representativa, los ciudadanos, mediante mecanismos electorales, eligen a las personas que, en su representación, ocuparán los puestos directivos de las instituciones constitucionalmente establecidas, con el objeto no sólo de conservar los equilibrios sociales, sino también de construir y mejorar las relaciones de coordinación para la convivencia social. Los procesos electorales proporcionan a la sociedad representantes políticos con el encargo de conducir sexenalmente los sistemas educativos estatales. Dicha conducción debe acatar el mandato del artículo tercero constitucional y hacerlo cumplir mediante una intrincada red normativa e institucional, por lo que su capacidad articuladora es crucial.

En México, históricamente ha pesado más la visión del poder como forma de dominación y control, y no de coordinación. El poder político no sólo procesa la disputa y el conflicto, también provee las condiciones básicas para que grupos sociales se conecten, articulen y construyan estrategias para acciones conjuntas innovadoras y enriquecedoras. La peculiar configuración estatal mexicana construyó sin embargo un andamiaje institucional más propenso al control, al acuerdo político con las dirigencias sindicales y al clientelismo con los maestros que a hacer efectivo el derecho al aprendizaje de los niños y jóvenes del país. A pesar de los cambios de partido gobernante, la estructura institucional de las secretarías de educación estatales conserva sus rasgos tradicionales o permanece aún sin cambios sustanciales en su mayor parte. Las experiencias de reformas educativas anteriores dejan en claro que poco se puede hacer si las autoridades educativas no pueden diseñar nuevas políticas locales, pero aún menos si no recuperan la capacidad de llevar a buen término las directivas básicas de alcance nacional.

La ausencia de explicación por parte de la SEP sobre la cancelación de la prueba ENLACE y el silencio impuesto en torno a PISA refleja no sólo una insuficiente comunicación política sino una negativa a rendir cuentas, cosa habitual en las viejas prácticas políticas autoritarias. Dichas prácticas no son ni ética ni estratégicamente recomendables ante la magnitud de los cambios requeridos a favor de la calidad educativa. Contar con un nuevo instrumental jurídico es insuficiente para asegurar el cumplimiento del mandato constitucional, si no existe un equipo efectivo que no le tenga miedo al acompañamiento social. No es suficiente vanagloriarse con la recuperación del proceso decisorio formal, pues ello no es el fin último de la acción pública, es apenas su inicio. No hay que menospreciar la necesidad de la conversación pública sobre el sentido de las decisiones, las interpretaciones de la ley, las prioridades, los plazos y las metas. Tampoco ayuda a una eficaz gestión educativa inhibir o interferir las iniciativas ciudadanas y mucho menos esperar la ausencia de crítica.

Hemos exigido que se emprendan acciones para generar un cambio en las prácticas educativas, pero también se hace necesario un cambio en el diseño institucional y las prácticas políticas y burocráticas. Liberar el proceso educativo de las ataduras político-sindicales en la forma de nada serviría sin no hay cambios en el proceso real de conducción política, en la formulación de políticas y en el manejo del gasto educativo.

Acerca del autor

FERNANDO RUIZ R.

Soy investigador en Mexicanos Primero.

Conoce mi trayectoria.

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Comentarios (1)

  • Pablo Bueno Villegas

    28 Abril 2014 a las 21:42 |
    Es decepcionante que en un país con tantas riquezas, los recursos no impulsen a la educación, los malos manejos merman el sistema, lo mas importante y tristeza es que, al final, los alumnos son los que resultan los mas afectados.

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