Más allá de los "usos y costumbres" en educación

el 19 Septiembre 2012. Publicado en Blog de Mexicanos Primero, Equipo de Mexicanos Primero - Blog | Vistas del artículo: 4974

Una de las responsabilidades más importantes que tienen los gobiernos es la administración de los recursos públicos de forma eficiente, efectiva y transparente. Sin embargo, esto no es algo muy común en México, ya que la transferencia federal de recursos a los estados puede dar lugar a riesgo moral, es decir, que los gobiernos estatales utilicen de forma irresponsable los recursos entregados por el gobierno federal.

Probablemente el mejor ejemplo de esto es el manejo del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), creado en 1997, que se utiliza para pagar la nómina de maestros, directivos y personal administrativo con plazas "federalizadas" de las escuelas de educación pública básica de todo el país. Durante años este Fondo, el más importante del Ramo 33, no fue susceptible de ser auditado ni por el gobierno federal ni por la Auditoría Superior de la Federación, ya que de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), en el momento que los recursos eran recibidos en las arcas estatales, el dinero automáticamente dejaba de ser federal.

Los gobiernos estatales al contar con una gran cantidad de recursos garantizados anualmente (la LCF impide que el presupuesto asignado a cada entidad sea menor que el transferido el año anterior), que no eran obtenidos a partir de impuestos aplicados directamente por ellos y que no estaban sujetos a ninguna regulación ni mecanismo de rendición de cuentas, los utilizaron de forma discrecional; si a este escenario le añadimos que el dinero podía ser destinado para comprar las lealtades de los líderes estatales del sindicato más grande del país y de Latinoamérica, el SNTE, prácticamente era imposible que el Fondo fuera utilizado para el objetivo que estaba destinado.

Es así como inicia una historia de despilfarro y desvío de recursos que subsiste hasta nuestros días, cuyo ejemplo más notorio son los comisionados sindicales: personas que pasan como maestros pero que en realidad trabajan para el SNTE. De acuerdo con el análisis de Mexicanos Primero, existen por lo menos 22 mil 353 personas que realizan actividades sindicales y que recibieron como pago más de 383 millones de pesos, esto a pesar de que está expresamente prohibido utilizar los recursos del FAEB para realizar este tipo de pagos.

Ahora, más allá de que el pago a este personal es ilegal y que dichos recursos podrían servir para profesionalizar a nuestros maestros y directores, lo realmente grave es que una gran parte del magisterio y de la ciudadanía asume que este tipo de prácticas son aceptables; tal y como lo dijo el secretario general del SNTE: "por usos y costumbres" (El Universal, 14/09/2012) que están enquistados no sólo en nuestro sistema educativo sino en nuestra cultura.

¿Cómo cambiar esta situación? Lo primero que tenemos que hacer es denunciar la existencia de estas prácticas, tal y como lo hemos hecho las 103 organizaciones sociales a través de la Iniciativa "¿Dónde está mi maestro?". Lo segundo es exigir a nuestros representantes y autoridades públicas que establezcan normas para regular el ejercicio de estos recursos, aseguren la fiscalización de los mismos y apliquen sanciones a quienes violen las normas establecidas. En este sentido, el pasado 1 de septiembre el Presidente de la República envió dos iniciativas de ley bajo la figura de "iniciativas preferentes": una iniciativa de reforma laboral y otra que reforma la Ley de Contabilidad Gubernamental; esta última replica las disposiciones presupuestales del PEF relativas a la publicación de información financiera y de personal correspondientes al FAEB. Si bien de aprobarse dicha reforma habría un gran avance, lo cierto es que aún falta incorporar reglas que prohíban terminantemente que los recursos del Fondo sean utilizados para financiar actividades sindicales, pagar sueldos de los comisionados sindicales o para sostener cualquier otra actividad que no esté relacionada con la cuestión educativa, de aquí la necesidad de incorporar al PEF 2013 este tipo de normas, es verdad que el establecimiento de tales normas no significa que de forma automática los recursos se empiecen a ejercer de forma responsable, para esto es necesario que la ciudadanía de cada entidad federativa exija que le rindan cuentas, que se indigne ante la imposición de auditores cuya lealtad está del lado de los gobernadores estatales, y que se asegure que cualquier desvío sea sancionado conforme a la ley.

Si quiere terminar con estos "usos y costumbres" en educación, que nos lastima a todos, lo invitamos a sumarse a la iniciativa ¡Fin al abuso! en www.finalabuso.org para exigir que los recursos financieros destinados a la educación lleguen a los buenos maestros y se utilice en la educación de nuestros niños.¡Ya somos más de 36 mil mexicanos los que pedimos que se dé fin al abuso!

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