Oaxaca: ¿Violación sistemática al derecho a la educación?

el 30 Julio 2014. Publicado en Blogueros, Blog de Mexicanos Primero, Equipo de Mexicanos Primero - Blog | Vistas del artículo: 14243

Publicado en Animal Político | 30.07.2014

Oaxaca es el segundo estado con mayor intensidad de rezago educativo del país, según el Índice de Desempeño Incluyente (2009-2013). De acuerdo con datos de CONEVAL la condición de rezago educativo afecta al 27.7% de la población en Oaxaca (el porcentaje a nivel nacional es de 19.2%). Además, derivado de los paros magisteriales, las y los alumnos pierden en promedio 70 días de clases cada ciclo escolar. Los resultados del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), realizado por el INEGI durante octubre y noviembre de 2013 señalaron que en Oaxaca se identificó como personal comisionado a 238 personas; asimismo según datos del INEGI  (2011) muestran que en México entre las tasas más altas de analfabetismo está Oaxaca, con niveles superiores al 16% y en algunos municipios superiores al 34.2%. Oaxaca, por si todo lo anterior no bastara, fue la única entidad federativa que incumplió totalmente con su obligación de armonizar su legislación conforme a los contenidos de las leyes generales en el marco de la reforma educativa por la calidad de la educación.

Teniendo en cuenta las desafortunadas situaciones mencionados en el párrafo anterior, quiero reflexionar en torno a lo que en la doctrina de los derechos humanos se conoce como violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Una violación sistemática ocurre cuando en un Estado se violan de manera constante y cotidiana los derechos humanos en un clima de total impunidad. En este caso, pretendo exponer de manera general la situación del derecho a la educación en Oaxaca, y en este tenor analizar si se viola el derecho el derecho a la educación de las niñas, niños y jóvenes oaxaqueños.

El concepto de derechos humanos lo podemos analizar desde tres ángulos: "derechos en principio", "derechos como política" y "derechos en la práctica". El derecho en principio implica el cumplimiento del estado "de jure", es decir, de la legislación necesaria para hacer efectivo un derecho; es una precondición para tener los otros dos. A este respecto, México ha suscrito diversos tratados internacionales que contienen el derecho a la educación, en este sentido, el Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: "[T]odas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley". En 2013 a fin de garantizar la calidad en la educación se reformó el Artículo 3º Constitucional en el que además de establecer el derecho a la educación, se prevé que la misma será impartida por el Estado, y que éste garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. De igual forma se reformaron la Ley General de Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente, quedando en los artículos transitorios la obligación de los gobiernos estatales de reformar su legislación local. No obstante, como se mencionó anteriormente, Oaxaca no ha armonizado su ley local con la reforma educativa federal, por lo que de manera acertada el Ejecutivo Federal interpuso una controversia constitucional en contra del gobernador, Gabino Cué, por no haber iniciado el proceso legislativo en esta materia y también contra el Congreso local de Oaxaca por no aprobar la reforma en tiempo.

Al aceptar las obligaciones "de jure", el Estado tiene la obligación de implementar políticas que aseguren la realización de las provisiones legales. En este sentido, los "derechos como política" se refiere a las políticas que implementa el Estado para el disfrute de derechos, mismas que deben tener un proceso participativo, ser justiciables y no discriminatorias, y en su implementación deben tener en consideración las siguientes características establecidas en la Observación General Número 13 sobre el derecho a la educación elaborada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: (i) disponibilidad, es decir que existan tanto instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente como que también exista la infraestructura adecuada; (ii) accesibilidad, se refiere a que por un lado sean accesibles físicamente o por medio de la tecnología moderna, también que tenga accesibilidad económica y que por otro lado no exista discriminación en el acceso; (iii) adaptabilidad a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de las y los alumnos en contextos culturales y sociales variados; (iv) aceptabilidad, se refiere a la forma y fondo de la educación que debe ser culturalmente apropiado y de buena calidad. Éstas últimas características son obligaciones que constituyen el núcleo esencial del derecho a la educación sin el cual este no puede ser realizado de manera efectiva y cumplir con las obligaciones nacionales e internacionales a las que el Estado y las entidades federativas están obligadas. Igualmente, es aplicable el principio de progresividad de los derechos (contenido en el Artículo 1º Constitucional) que se refiere a que si bien un Estado no puede lograr la efectividad de un derecho de una vez y para siempre, éste tiene la obligación de diseñar planes para ir avanzando progresivamente en la satisfacción de ese derecho. Sin embargo es importante mencionar que la progresividad establece que cuando se ha logrado la efectividad de un derecho por parte de una norma o política pública, el Estado no puede echar marcha atrás.

Respecto a la disponibilidad, en Oaxaca el CEMABE reporta que el 19.8% de las escuelas no tienen agua o la acarrean, 13.7% no tienen luz eléctrica, 26.8% no tienen baños, 78.9% no tienen drenaje y el 62% no cuentan con Internet. Como se observa con los datos antes mencionados, gran parte de las escuelas (o "no escuelas") en Oaxaca no cumplen con el mínimo requerido en infraestructura para garantizar el máximo desarrollo y aprendizaje de los y las alumnas. En este sentido, según el estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (2011) sobre la relación de la infraestructura de escuelas primarias con el proceso de aprendizaje, se concluye que la infraestructura escolar está significativamente vinculada con las oportunidades de aprendizaje y el logro académico. Por tanto una infraestructura inadecuada viola el derecho a una educación de calidad, al no permitir el máximo aprendizaje de las y los alumnas.

En relación con la accesibilidad, vale la pena mencionar que respecto a la distribución del analfabetismo en las entidades federativas son seis estados de la República los que concentran cerca del 52% del total de personas analfabetas, entre los que se encuentra ordenados de mayor a menor número: Veracruz, Chiapas, México, Oaxaca, Puebla y Guerrero. Como comentan respecto a dicho dato, José Narro Robles y David Moctezuma Navarro en su estudio sobre analfabetismo en México: "[R]esalta el hecho de que todos cuentan con numerosos grupos de población indígena". Lo anterior nos conduce a pensar que, posiblemente la población oaxaqueña no está teniendo acceso a una educación o que la educación a la que tiene acceso es deficiente y que pareciera que en Oaxaca se está discriminando a la población indígena en el acceso a la educación.

Respecto a la adaptabilidad, pareciera que el proceso educativo en Oaxaca no se está moldeando acorde a las necesidades culturales y sociales de la población, ya que este estado sigue teniendo uno de los mayores índices de marginación y pobreza. Ubicándose, según CONEVAL dentro de las cinco entidades con mayor pobreza en el país. En este sentido, la escuela debiera ser el mecanismo de transformación del entorno, la mejor política para redistribuir oportunidades, hecho que dada la evidencia de la información mencionada antes no está ocurriendo en Oaxaca.

En lo concerniente a la aceptabilidad, es decir, a una educación de calidad, Oaxaca se ubica (junto con Michoacán) en el último lugar de desempeño educativo a nivel nacional; ya en general, todo México encabeza la lista internacional en cuanto ausentismo e impuntualidad de maestros, pero además -como mencione anteriormente- en Oaxaca los y las alumnas pierden en promedio 70 días de clases. En relación con la profesionalización docente en Oaxaca solo el 11.32% (http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/Reporte_Contra_la_Pared__2009_-_Mexicanos_Primero.pdf) de los profesores están certificados; y en días pasados únicamente 121 aspirantes oaxaqueños, de los miles que pretendían participar en los exámenes de ingreso al Servicio Profesional Docente, lograron realizar dichos exámenes, ya que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación impidió que el resto de los aspirantes pudieran asistir al examen.

Por último, con base en el concepto de "derecho en la práctica", el Estado tiene la obligación de respetar, proteger y cumplir el derecho a la educación. Sin embargo, tras haber expuesto las condiciones en que se encuentra el sistema educativo en Oaxaca, ¿podemos considerar que el gobierno de Oaxaca está protegiendo, respetando y cumpliendo el derecho a la educación? O por el contrario ¿no ocurre, en realidad, que se está permitiendo la sistemática y reiterada violación del derecho a la educación de las niñas, niños y jóvenes en Oaxaca?

1,2,3 Landman Todd y Carvalho Edzia, Measuring Human Rights, Ed. Routledge, Londres, 2010.

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