Pactos en lo “oscurito”: de los acuerdos entre Segob y la CNTE

Escrito por MACARENA VELÁZQUEZ el 24 Junio 2015. Publicado en Blog de Mexicanos Primero, Equipo de Mexicanos Primero - Blog | Vistas del artículo: 3593

Publicado en Animal Político 24|06|2015

¿Cómo es posible que una autoridad haga pactos que inciden directamente en el derecho a la educación de más de 900 mil alumnas y alumnos oaxaqueños sin que existan documentos oficiales y debidamente fundados y motivados que respalden este acto de autoridad? 

Hace algunas semanas en el artículo ¡BASTA DE SUBESTIMAR A LA CIUDADANÍA![http://www.animalpolitico.com/blogueros-aprender-es-mi-derecho/2015/04/22/basta-de-subestimar-a-la-ciudadania/], les relaté las causas que nos llevaron –a Aprender Primero, brazo jurídico de Mexicanos Primero- a interponer una  demanda de amparo en contra de funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Gobernador de Oaxaca Gabino Cué y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO). Las causas de la demanda se resumen en que las autoridades mencionadas, en las mesas de “negociación” (o sumisión) que tuvieron verificativo los días 9, 10 y 11 de febrero de este año, avalaron e hicieron vigentes acuerdos ilegales con representantes sindicales de la sección XXII, pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Dicho amparo sigue litigándose en el Poder Judicial de la Federación. 

Además, hicimos una solicitud de información a la SEGOB requiriéndole copia de las minutas de las reuniones sostenidas y acuerdos firmados en el mes de febrero, el listado de personas presentes en dichas reuniones, así como el listado con los datos de identificación de las personas que recibirían su pago con recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE) derivado de estas negociaciones. En contestación, como escribí en su momento, recibimos una respuesta difícil de creer en la que argumentaron que no tenían registro alguno de las personas que participaron en las negociaciones y que no hay costo para el erario público, ni para los mexicanos, derivado de los acuerdos pactados en el mes de febrero. Remitieron únicamente una minuta de la reunión del 10 de febrero de 2015, declarando así SEGOB la inexistencia parcial de la información.

Ante esta respuesta poco creíble, interpusimos un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en el que presentamos como pruebas diversos boletines y notas periodísticas sobre las mesas de diálogo que implicaron compromisos para el Gobierno Federal, y que necesariamente debe de haber alguna minuta y/o documento institucional sobre estos pactos. El proyecto de resolución de dicho recurso de revisión fue elaborado por el comisionado Oscar Guerra Ford y aprobado la semana pasada por unanimidad en el Pleno del INAI. Al analizar el recurso, dicho Instituto resolvió modificar la respuesta y ordenó a la SEGOB realizar una nueva búsqueda para proporcionar información que brinde claridad sobre el desempeño de la negociación entre el CNTE y las autoridades federales y cuáles fueron los compromisos y costos que asumieron.

La relevancia de esta resolución del INAI radica en que incide directamente en la promoción del estado de derecho, es decir, aquél en el que las autoridades deben respetar la ley y no ir más allá de las normas jurídicas que los regulan y de los derechos humanos contenidos en las mismas.

En este caso, la SEP y la SEGOB realizaron, como parece ser costumbre, “pactos en lo oscurito” y fuera del marco de la ley con la CNTE. Estos acuerdos inevitablemente generan un impacto en las aulas de Oaxaca y en la garantía y eficacia del derecho a la educación de calidad. No obstante lo anterior, la SEGOB descaradamente determina que son inexistentes los documentos oficiales que respaldan dichos actos de autoridad. Es precisamente por esta absurda respuesta que la resolución del INAI cobra absoluta relevancia, pues obliga a la autoridad a mantenerse dentro del marco de la legalidad y de un gobierno abierto, obligándolo a informar sobre los compromisos y costos que asumieron en estas negociaciones.

Como el mismo INAI estableció que: “Es de la mayor trascendencia informar a la sociedad cuáles fueron los compromisos de las autoridades”. De esta forma, quedamos en espera de recibir dicha información. 

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