Piratería a la mexicana: los acuerdos Segob-CNTE

Escrito por JUAN ALFONSO MEJÍA LÓPEZ el 16 Febrero 2017. Publicado en Blog de Mexicanos Primero | Vistas del artículo: 160

Publicado en Noroeste 31|7|2016

La piratería es tan antigua como la navegación misma. Se refiere a una práctica de saqueo organizado en aguas internacionales, supuesta propiedad de nadie pero espacio propicio para la convivencia de todos en la que ningún Estado tiene jurisdicción, donde una embarcación se amotina en contra de otra para despojarla de sus bienes. Piratas “emblemáticos” los ha habido desde la época del mundo antiguo (550 a.C) hasta inicios del Siglo 21 en las costas africanas de Somalia.

Nunca dejará de sorprenderme la forma en que los políticos mexicanos consideran los bienes públicos como un botín, a manera de un “saqueo organizado”. Por supuesto que hay excepciones pero son sólo eso, excepciones a la regla, en los distintos órdenes de Gobierno (federal, estatal y municipal) y poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), sin distingo partidario alguno.

Los acuerdos firmados entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Sección 22 de Oaxaca, llevan a preguntarme si: ¿La piratería como práctica en el Estado mexicano terminó o, sólo mutó en su fisonomía y métodos de acción? Me explico.

La autoridad mexicana, representada en el Gobernador del Estado de Oaxaca y/o, la Secretaría de Gobernación a nivel federal, viene firmando una serie de acuerdos desde 1992 con las Sección 22, agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Esta “mala práctica” se repitió en 2013, 2014, 2015 y pretende hacerlo nuevamente en 2016.

Entre los “usos y costumbres” ambicionados se encuentra: la reserva de “un banco de plazas” magisteriales de uso exclusivo para los líderes del sindicato, la imposibilidad de despido en caso de un mal resultado en las evaluaciones docentes, la negativa a ser removido a funciones administrativas en caso de no obtener un resultado positivo hasta en tres ocasiones.

De acuerdo con el Poder Judicial, esta “práctica” que en nada toma en cuenta el derecho de los niños a aprender de Oaxaca y de México, pasó de ser “dañina” a violatoria de la Constitución mexicana. A través del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, los compromisos entre Segob, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y la Sección 22, han sido calificados de “ilegales”.

Los argumentos del Juez son muy sencillos: nadie puede estar por encima de la Constitución. Hubo una modificación al Articulo Tercero Constitucional en noviembre de 2013, lo que impide que tu modo de actuar (Segob) se repita. Existe una Ley General de Servicio Profesional Docente (LGSPD) que señala puntualmente la forma en que se puede acceder a una plaza; incluso, lo que sucede si un aspirante o maestro es calificado de “no idóneo” al momento del concurso.

Quizás el Subsecretario de Gobernación o, por qué no, hasta el propio Secretario, lo desconoce. Sería extraño, porque la Segob es responsable de que el Poder Ejecutivo Federal cumpla con la normatividad del Estado mexicano. Luego entonces si no es ignorancia, ¿qué es?

El litigio estratégico es una herramienta para la protección de los derechos humanos  a través del uso de los sistemas judiciales. Consiste en la judicialización de un caso emblemático de vulneración a derechos como el de la educación, con el objetivo de modificar criterios judiciales para las leyes, reglamentos o prácticas administrativas que limitan el libre ejercicio del dicho derecho.

En este sentido, a Mexicanos Primero le fue concedido un amparo que limita la violación al Artículo Tercero Constitucional ante cualquier tipo de acuerdo (de tipo político, electoral o laboral).

El amparo concedido no es sentencia definitiva y la Secretaría de Gobernación aun podría impugnar la resolución del juez, más aun ahora que se “rumora” de posibles nuevos acuerdos. Si fuera el caso, lo más interesante sería conocer sus argumentos. Porque, por otro lado, existen lecciones que valdría la pena fueran consideradas por las autoridades mismas antes de aventurarse nuevamente en este sentido en contra del mandato de los mexicanos.

Primero, hasta hace poco tiempo, sólo el Poder Ejecutivo y el Legislativo se habían pronunciado sobre el derecho de los niños a aprender. Resoluciones valientes como la del juez Martín Santos Pérez, involucran al Poder Judicial en la defensa del derecho constitucional a una educación de calidad. No es la primera vez, ya en otra ocasión a la unanimidad los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieron sobre la preeminencia de este derecho sobre el derecho laboral.

Segundo, parece increíble que funcionarios de tan alto nivel desconozcan la ley.

Aunque lo confieso, no sé qué es peor: su posible desconocimiento o su confianza en que es negociable. Lo creen de tal forma, que son capaces de firmar los acuerdos en una minuta; y lo mejor, aunque el Poder Judicial resuelva sobre la ilegalidad de los mismos, ni el Secretario ha despedido al Subsecretario; ni el Presidente ha hecho lo propio con el Secretario. Esto habla de una visión patrimonialista de quienes ostentan los cargos en la función pública. Algo así como “el Estado soy yo”, cuatro siglos después de Luis XIV.

Tercero, si bien es cierto desde el punto de vista jurídico el amparo otorgado a Mexicanos Primero sólo surte efecto sobre dichos acuerdos, también es verdad que hay una posición desde este Poder sobre el derecho a una educación de calidad y la correcta implementación de la ley. En caso de que la Segob pretenda violar nuevamente la ley o, de que los líderes sindicales se aprovechen del pragmatismo de los funcionarios, vale la pena que tengan conocimiento de causa, pues su victoria será temporal. Que no se engañen.

Que el derecho a aprender de los niños en México sea una realidad nos corresponde a todos. La piratería tuvo un declive no cuando existieron reglas para el tránsito internacional de las mercancías, sino cuando existieron mecanismos para hacerlas cumplir. Que los funcionarios en México dejen de asumir que están por encima de la Ley, que ésta es negociable porque ganaron una elección o, por ser compadres del Presidente de la República, depende de una sociedad informada a la altura de una debida exigencia por la  rendición de cuentas.

Mexicanos Primero seguirá atenta a los acuerdos entre la autoridad mexicana y los líderes de la CNTE. Como lo hicimos antes, impugnaremos ante el Poder judicial cualquier compromiso ilegal que afecte el derecho a aprender de los niños en México.

Que así sea.

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JUAN ALFONSO MEJÍA LÓPEZ

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