Una oportunidad de oro para la SCJN

el 11 Diciembre 2018. Publicado en Blogueros | Vistas del artículo: 1586

Publicado en El Heraldo de México | 11.12.2018

El 14 de noviembre de 2018, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó atraer dos quejas que derivan y definirán el curso de un amparo promovido para defender los derechos de cuatro docentes en Chiapas.

Noemí Robles Sánchez, Mónica Liliana Pérez Cancino, Eva Julissa Martínez Becerra y Vicente Assad Vera Escobar, maestros chiapanecos, acompañados por Aprender Primero (brazo jurídico de Mexicanos Primero), presentaron una demanda en contra de un acuerdo celebrado en junio pasado entre el ex gobernador Manuel Velasco Coello y las secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), agrupadas en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y de las omisiones del gobierno federal para corregir las ilegalidades que derivan de ese acuerdo.

En el arreglo, Velasco Coello pactó con las cúpulas sindicales, entre otras: I) la entrega de plazas y recursos a las secciones 7 y 40, para operar su Proyecto de Educación Alternativa; y, II) la regularización de convocatorias de ingreso y promoción realizadas por el SNTE y la CNTE.

Lo anterior, en desapego absoluto a las leyes educativas y los lineamientos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), vigentes, y que además deja sin cargos a docentes —como los ahora quejosos—, quienes sí participaron en los concursos y evaluaciones legítimos.

La Segunda Sala resolvió atraer el asunto para resolver “si los docentes quejosos cuentan o no con interés legítimo para acudir al juicio de amparo en defensa del derecho a la educación, en relación con los términos para el ingreso, promoción y permanencia en el servicio profesional docente, a efecto de garantizar la calidad educativa”.

En otras palabras, los ministros van a analizar si docentes pueden impugnar —o no— este tipo de acuerdos políticos cupulares que atropellan sus derechos profesionales y, por ende, el derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes (NNJ).

Ésta es una oportunidad de oro para que el máximo tribunal del país se erija como contrapeso a las acciones ilegales del gobierno local y federal en materia educativa y se consolide como defensor del derecho a la educación.

Esperamos una resolución que dé respuesta a los reclamos de docentes y sociedad civil, y siente un precedente para impedir que este tipo de atropellos vuelvan a suceder.

Lo que está en juego no sólo es el derecho a aprender de las niñas, los niños y los jóvenes, sino también los derechos profesionales de sus docentes; derechos protegidos por la Constitución mexicana pero cuyo ejercicio se garantiza a través de las acciones del gobierno, en sus tres ámbitos.

El Legislativo debe aprobar leyes que promuevan y garanticen estos derechos, el Ejecutivo aplicar e implementarlas, y el Judicial asegurar que cada una de estas acciones cumpla y respete los derechos humanos.

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