El derecho a aprender no se puede posponer

"Como lo hemos señalado desde Mexicanos Primero, el presupuesto federal para 2020 contempla recortes gravísimos para programas educativos "
Sandra Creixell 08/05/2020

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El 23 de abril pasado, el presidente publicó el Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican. Desde entonces se ha dicho mucho sobre las formalidades y el contenido del mismo, aquí queremos retomar el tema y su impacto en el derecho a aprender.

El texto del decreto establece, en lo que interesa, que una de las medidas de aplicación urgente y categórica es que se posponen todas las acciones y el gasto del gobierno, con excepción de determinados programas prioritarios. Dentro de los programas prioritarios, los únicos que se refieren directamente a la educación son los siguientes: Becas para el Bienestar Benito Juárez, Construcción de las 100 Universidades Públicas y La Escuela es Nuestra. Solo 3 de los 38 programas calificados como prioritarios por el Ejecutivo Federal se refieren a la educación y de ellos, sólo 2 son de beneficio a niñas y niños. Con este decreto, queda claro que la educación no constituye ni una décima parte de las prioridades del gobierno.

Pero eso no es todo, como lo hemos señalado desde Mexicanos Primero, el presupuesto federal para 2020 contempla recortes gravísimos para programas educativos íntimamente ligados a la garantía y efectivo cumplimiento del derecho a aprender, entre éstos al Programa de Escuelas de Tiempo Completo y a distintos programas relacionados con el desarrollo integral de la primera infancia, la equidad e inclusión en la educación y el desarrollo profesional docente. Ahora, con el Decreto, las acciones y gasto -ya de por sí reducido en estos programas- se posponen al no ser considerados como prioritarios.

Si sumamos lo primero con lo segundo, tenemos un gobierno que opta por posponer en lugar de garantizar el derecho a aprender. No lo podemos permitir, necesitamos alzar la voz para poner a las niñas, niños, jóvenes y adolescentes y sus derechos, en el centro de las prioridades del gobierno.

El cumplimiento efectivo del derecho a la educación implica asegurar la suficiencia presupuestal para cubrir todas las acciones y gastos ordinarios y extraordinarios necesarios para: garantizar el máximo logro de aprendizaje durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, asegurar el cierre presencial del ciclo escolar 2019-2020 con todas las medidas sanitarias requeridas, cerrar las brechas en el aprendizaje durante la emergencia sanitaria, brindar certidumbre y continuidad en el desarrollo profesional docente y eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación.

Hacemos un llamado a los poderes ejecutivo y legislativo, para que se revisen las medidas establecidas en el Decreto y se establezcan nuevas medidas que prioricen el interés superior de la niñez y el derecho a aprender de todas las niñas, niños y jóvenes en México.

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