El verdadero alcance del interés legítimo en la defensa del derecho a la educación

"Aprender Primero, una de las primeras organizaciones de la sociedad civil con el interés legítimo reconocido en la SCJN, nuevamente posiciona una tema de trascendencia nacional en el debate jurídico y de la defensa del derecho a la educación."
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Fernando Alcázar
16/12/2020

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Hacia finales de 2019, Aprender Primero (AP), el brazo jurídico de Mexicanos Primero, presentó tres juicios de amparo impugnando, en cada uno, diversos artículos de la Ley General de Educación (LGE), la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCMM) y la Ley de Mejora Continua de la Educación (LMCE), respectivamente. Estas leyes, producto de la reforma constitucional en materia educativa de mayo de 2019, son violatorias de la Constitución y de los tratados internacionales de los que México forma parte. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) coincide con esta apreciación, ya que presentó dos acciones de inconstitucionalidad, una en contra de la LGE y otra en contra de la LGSCMM.

AP decidió acudir al juicio de amparo aduciendo interés legítimo, pues tanto su objeto social como trayectoria consisten en la vigilancia, defensa y promoción del derecho a la educación, el cual le ha sido reconocido en diversos juicios. Antes de las reformas a la Ley de Amparo en 2011 y 2013, una persona solamente podía acceder al juicio de amparo con un interés jurídico, es decir una afectación directa y manifiesta a sus derechos. Actualmente, se puede solicitar la protección del juicio de amparo con interés legítimo, entendido como el “interés” que tiene una persona, sin que sufra una afectación directa y específica, de que se respete y haga cumplir cierto derecho, por la especial situación que esta persona tiene frente a ese derecho. Adicionalmente, existen derechos que, por la forma en la que se ejercen y lo que comprenden, corresponden a la colectividad y requieren la participación de distintos actores, quienes pueden llegar a ser titulares de un interés legítimo.

Mientras que el trámite principal correspondiente a los juicios que promovió AP en contra de la LGSCMM y la LMCE siguen pendientes, el juicio relativo a la LGE ya cuenta con una sentencia de segunda instancia, aunque no definitiva, que resulta por demás interesante.

En la sentencia de primera instancia, el Juzgado de Distrito sobreseyó o desechó el juicio argumentando que, de ser concedido el amparo a AP, la sentencia hipotética tendría efectos generales. Es decir, una sentencia que declarara inconstitucional la LGE iría más allá de lo previsto por la configuración actual del juicio de amparo, el cual solamente contempla la protección del solicitante. Se violaría, pues, el principio de relatividad de las sentencias de amparo. Sin embargo, para el Tribunal Colegiado que conoció del recurso de revisión, ese es justo el tema central del asunto: la acreditación o no del interés legítimo de AP. Y eso, como lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), requiere necesariamente de un estudio de fondo del asunto, por lo cual el juicio no se puede declarar improcedente. Además, consideró que el principio de relatividad de las sentencias de amparo ha sufrido una evolución y reinterpretación a la luz, justamente, de la introducción del interés legítimo y de la defensa de los derechos colectivos. Por todo esto, el Tribunal reconoció que el interés legítimo de AP quedó manifiestamente acreditado, echó para atrás el sobreseimiento y mandó el asunto a la SCJN para que sea ésta la que resuelva sobre la constitucionalidad de la LGE.

Si la SCJN admite el asunto, podríamos estar frente a la primera vez que se estudian las posibilidades de los efectos que tendría una sentencia favorable para una asociación civil que reclama la inconstitucionalidad de una norma general. No somos indiferentes a la pregunta que se hizo el juzgador de primera instancia; ¿cuáles son los efectos prácticos que una sentencia de esta naturaleza tendría en concreto para AP? Para nosotros la respuesta es clara: la declaratoria de la inconstitucionalidad de la norma permite que AP continúe con la consecución de su objeto social. Dada la complejidad que implican los “efectos prácticos” que tendría una sentencia de esta naturaleza, la SCJN tendrá que, conceda o niegue el amparo, sentar criterios inéditos respecto del alcance del interés legítimo cuando se trata de la impugnación de normas generales. AP, una de las primeras organizaciones de la sociedad civil con el interés legítimo reconocido en la SCJN, nuevamente posiciona una tema de trascendencia nacional en el debate jurídico y de la defensa del derecho a la educación.

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