Leyes educativas locales

"De los 20 estados que aprobaron su ley educativa ninguno respetó el derecho de consulta en materia indígena y discapacidad, ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver si garantizan el derecho de niñas, niños y jóvenes a la educación inclusiva. "
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Sandra Creixell
17/02/2021

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Con la reforma constitucional y legal en materia educativa de 2019, se incluyó un mandato a todos los congresos locales para adecuar sus leyes educativas al nuevo marco normativo. El plazo fatal para hacerlo venció el 15 de mayo de 2020, sin embargo, la pandemia ha atrasado los procesos y al día de hoy sólo hay 17 estados con leyes aprobadas y publicadas, y otros 3 que ya la aprobaron pero falta su publicación.

El proceso que siguieron en los estados fue bastante similar, el Gobierno Federal les proporcionó, a principios de 2020, una llamada “Ley Marco” para que literalmente copiaran y pegaran el texto y rellenaran los espacios en blanco con el gentilicio correspondiente: sinaloenses, yucatecos, etc. No había espacios en blanco para atender al contexto y a las circunstancias particulares de cada estado y de sus comunidades escolares. El capítulo de “Educación Indígena” es idéntico para Aguascalientes, Yucatán y Sonora, como si no hubiera drásticas diferencias culturales y lingüísticas entre esos tres estados.

Tampoco hubo espacios de participación y consulta para que las propias comunidades escolares opinaran respecto a qué debe y qué no debe estar en su ley educativa estatal. Esto no era solo deseable sino obligatorio como parte del derecho a la consulta para comunidades indígenas y para personas con discapacidad. En ningún estado se cumplió con estas obligaciones constitucionales y por ende, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha ido impugnando una a una -de acuerdo a los plazos legales- las leyes locales aprobadas hasta ahora por la falta de estas dos consultas.

Hoy ya está listada la primera de estas acciones de inconstitucionalidad, se trata de la que reclama la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, para su resolución en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los precedentes de la SCJN han sido reiterados en los últimos dos años en el sentido de invalidar cualquier ley local que no cumpla con el derecho de consulta, esperemos que las leyes educativas locales no sean la excepción.

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