Promesas vacías: un presupuesto que no transforma ni revalora

"El presupuesto en educación básica presenta una disminución de 3% que pone en peligro los programas que garantizan el aprendizaje incluyente. La crisis educativa no puede pasar desapercibida por el Poder Legislativo en la discusión del PPEF 2021, pues se afectará a indígenas, migrantes, estudiantes, docentes y familias."
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Carlos González
22/09/2020

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Como un balde de agua fría, los cambios en el gasto destinado a educación básica que contempla el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 (PPEF) fueron una desagradable sorpresa. El presupuesto es el instrumento clave que permite conocer las prioridades de un gobierno. Para materializar los objetivos planteados por la actual administración se debe asignar y priorizar el presupuesto educativo, especialmente para no dejar a nadie atrás y cumplir con las promesas, que aún siguen vacías.

Muchos gobiernos en el mundo han cambiado las tradicionales formas de tomar decisiones, ayudando a los estudiantes al cuidado de su salud mental, realizando materiales para familias, ofreciendo formación docente o transmitiendo las clases por la televisión como se determinó para México.

El presupuesto asignado a educación básica presenta una disminución de 3% en términos reales que se traduce en un golpe brutal para los programas destinados a garantizar el aprendizaje incluyente. Los recortes y reducciones hacen inviable el cumplimiento de tres ejes y objetivos prioritarios de la presente administración plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 y el Plan Sectorial de Educación (PSE) 2020-2024: la inclusión, la formación docente y la educación inicial. A continuación, se presentan algunos hallazgos del análisis para educación básica que realizamos en Mexicanos Primero (ver aquí).

El presupuesto tiene varias capas de información que permiten entender quién, cómo y cuánto se gasta, así como la fiscalización de los recursos que debe ayudar al combate a la corrupción. Para analizar la inclusión, se consideraron siete programas públicos: 1) Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) (S221); 2) Educación Especial (S295); 3) Atención a la diversidad de la educación indígena (S296); 4) Atención educativa a la población migrante (S297); 5) Educación inicial y básica comunitaria (E066); 6) Programa Nacional de Convivencia Escolar (S271); 7) Desarrollo de aprendizajes significativos en educación básica (S299).

De los siete programas considerados, cinco de ellos desaparecen sin motivo, justificación, ni explicación alguna. En 2019 los siete programas sumaban un presupuesto de poco más de 15.3 mil millones y para 2021 se proponen tan sólo 3.6 mil millones (76% menos). Ignorando la evidencia acumulada en Latinoamérica y México sobre el impacto del PETC en los aprendizajes, la inserción laboral de las mujeres y la compensación a los docentes por las horas adicionales (CONEVAL, 2020). En el caso de aquellos destinados a las poblaciones indígenas y migrantes se les dio la espalda al dejarlos sin recursos, algo que no había pasado ni en los gobiernos pasados, que la actual administración etiqueta como neoliberales.

También se están proponiendo dos cambios contrarios a la revalorización docente que esta administración está buscando. Es paradójico que en el PND se denuncie la “ofensiva brutal” en contra de las escuelas normales de gobiernos anteriores y ahora propongan la desaparición del Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (S300) que financia su operación, con lo cual acentuará de forma consistente el deterioro de sus servicios. Para la formación docente, el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (S247) solo se le asignan 87 millones teniendo una disminución del 48%, respecto al 2020. Los legisladores tienen la oportunidad de revertir la decisión y ampliar el presupuesto, que de no realizarse será un verdadero atraco para la anhelada transformación educativa del país, que hoy es una promesa vacía.

En educación inicial no existen cambios significativos que permitan avanzar a la garantía del marco normativo aprobado en 2019, donde se considera a la educación inicial como un nivel educativo. Si bien es el único eje que presenta un aumento real de 13%, aún estamos muy lejos de poder garantizar la educación a la potencial demanda de 8 millones de estudiantes. En ocasiones, especialmente en educación, el presupuesto no funciona bajo la lógica del ciclo escolar que inicia en agosto y termina en junio, lo que demanda necesidades totalmente diferentes y opacidad en el gasto que permita cubrir el resto de la operación del ciclo escolar, usualmente con programas sin reglas de operación, tipo “U” subsidios, que tienen un amplio margen de discrecionalidad, como el U080.

En medio de la crisis educativa más grande de la historia y para conmemorar el centenario de creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) el PPEF 2021 no presenta una propuesta que invierta y ponga atención prioritaria a las y los estudiantes más vulnerables que no han logrado continuar con facilidad su proceso de aprendizaje. La crisis educativa no puede pasar desapercibida, pues deja atrás y se olvida de indígenas, migrantes, docentes y familias, así que busquemos activar al poder legislativo hasta el 15 de noviembre, por el futuro de todas y todos.

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