¿Nueva o vieja escuela mexicana?

"Se presenta un análisis de cinco posibles problemáticas que enfrentará el sistema educativo en los próximos años."
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Carlos González
04/11/2020

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A casi 100 años de celebrarse la creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las enormes expectativas de transformación educativa que despertó la llegada de un gobierno de izquierda parecen diluirse. Han pasado por la silla 42 titulares —únicamente una mujer— y la SEP parece conservar algunas de las viejas prácticas del neoliberalismo y corporativismo sindical, pero ahora con un responsable que ignora la evidencia y se olvida de lo escrito hace 27 años en su libro: La educación pública frente a las nuevas realidades, editado por el Fondo de Cultura Económica (FCE).

A casi dos años del cambio de gobierno, el debate sobre la transformación educativa ha estado disperso y no ha tenido atención en la agenda nacional, comparado con otros temas como la rifa de avión, los megaproyectos y el papel de los medios de comunicación. Al mismo tiempo, los grupos de oposición no han logrado articular una postura clara en torno al debate educativo. En medio de promesas vacías, discursos transformadores, nuevas normas y políticas educativas, vale la pena hacer un corte de caja sobre lo realizado hasta el momento. ¿Qué nos deparará el futuro y por qué las políticas educativas ignoran el largo plazo?, ¿se acabó la corrupción?, ¿hay favores políticos o pactos con sindicatos?, ¿qué retos planteó la pandemia en materia educativa para nuestro país? A continuación, se presenta un análisis de cinco posibles problemáticas que enfrentará el sistema educativo en los próximos años.

Primero, un nuevo entramado normativo. Se inició en la transición con dudosos foros estatales de consulta con la finalidad de construir un Acuerdo Nacional para la Educación: nunca conocimos sus objetivos, metodología, procesamiento, ni resultados de las más de 1 700 000 entrevistas. También se realizaron foros en ambas cámaras (Senado y Diputados) previo a la reforma de mayo de 2019 que prometía revalorización magisterial, reconocimiento de la educación inicial como un nivel educativo, inclusión educativa y la universalización de becas, planteada como una solución prácticamente mágica para resolver el grave problema de abandono de más 800 000 estudiantes por año.

Este cambio fue acompañado por la aprobación de tres leyes secundarias que son parte esencial del marco normativo que permite, o no, operar el sistema educativo, ahora en una pandemia y sin experiencia —quizás estamos perdidos y además no tenemos la brújula. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) pasó de organismo autónomo a un brazo de la SEP con la figura de organismo descentralizado, en cuya designación del secretario ejecutivo, además, tuvo injerencia el secretario. Por su parte, la Ley General del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros (LGSCMM) ha recibido serias críticas del magisterio en su proceso de ingreso, promoción y cambios de adscripción en 2019 y 2020; ha modificado varias veces el calendario y los procesos, olvidándose de la revalorización docente y generando incertidumbre en el magisterio. Todavía no logran implementarse los nuevos cambios y los estados continúan los ajustes de las leyes estatales. Aún quedan muchas preguntas y retos pendientes.

Segundo, un nuevo cambio organizacional. El 15 de septiembre se publicaron reformas al Reglamento interno de la SEP con cambios y movimientos que quedan cortos frente al reto de garantizar el derecho a la educación consagrado en el nuevo marco constitucional. Es trascendental entender que el funcionamiento y organización de la Secretaría por dentro determina el rumbo de las políticas educativas, así como la implementación y materialización de las promesas de cambio sobre la transformación y el combate al “huachicol educativo”. Los cambios reflejan una mayor concentración de decisiones, diversos ajustes y reorientación de funciones.

Entre los cambios más relevantes están la concentración de funciones regulatorias de la Jefatura de la Oficina del Secretario (JOS) y el debilitamiento de las relacionadas a planeación, junto con la ausencia de educación inicial como una área con un equipo técnico, como los demás niveles educativos. Ahora la JOS cuenta con 31 atribuciones, frente a las 13 que tenía con el anterior reglamento. Una consecuencia de esto es el rezago de la SEP en la emisión de más de 38 instrumentos regulatorios claves para el cumplimiento y ejercicio del derecho a la educación que el nuevo marco normativo mandata, dificultando las decisiones de las autoridades educativas locales (AEL) y los ajustes con plantillas a las leyes estatales, aún en proceso.

Desaparecieron cuatro unidades administrativas y se crearon ocho nuevas, algunas cambiaron sus funciones y dos preocupan en el contexto de la pandemia. Por un lado, la desaparición de la Dirección General de Televisión Educativa limitará la continuidad y producción de programas educativos para la estrategia estelar por televisión “Aprende en casa”, que quizás se ha vuelto algo más como un circo pedagógico y un acto político con las cuatro grandes televisoras del país y que ignora la importancia de las y los docentes. Por otro lado, con el nacimiento promedio anual de dos millones de personas, resulta indispensable articular un amplio equipo profesional y técnico al interior de la SEP que permita tener una planeación para la expansión y cobertura de los más de ocho millones de personas menores de tres años. El reto es inmenso: únicamente 12 % de ese grupo etario asiste a educación inicial y la SEP tiene un equipo pequeño que debe ampliarse y fortalecerse.

Tercero, resistencia y estancamiento de la transparencia y rendición de cuentas en materia educativa. La transparencia debe ser la columna vertebral que permita monitorear acciones y decisiones de los gobiernos, para que así la ciudadanía pueda evaluar su desempeño, reducir la arbitrariedad y la discrecionalidad en distintos niveles de decisión e implementación de políticas educativas. Entre 2015 y 2020 ha habido una reducción en el interés alrededor de la información educativa. En 2018, el número de solicitudes de información pública a la SEP tuvo su máximo histórico con 7 768 solicitudes, disminuyendo en un 14 % (6 705 solicitudes) para 2019 y hasta junio 2020 se registraban 2 468 solicitudes, posiblemente como consecuencia de la paralización de actividades gubernamentales por la crisis sanitaria.

Lo preocupante reside en que, si las razones de la negativa son consideradas como insuficientes, es posible interponer un recurso de revisión ante el órgano garante, el INAI; sin embargo, sólo 2 de cada 10 interponen un recurso de revisión. A esto se suma que, a pesar de que la demanda de solicitudes de información disminuyó en 2019, existió un incremento de un 38 % en los recursos de revisión para ese mismo año. El reto en la pandemia no sólo es asegurar la disponibilidad de la información, sino facilitar el acceso a través de formatos que faciliten su comprensión y uso para la mejora del aprendizaje, así como la articulación de un sistema de información integral que permita socializar la información con estrategias diferenciadas para cada actor del sistema educativo. Vale la pena mencionar que la SEP estuvo en suspensión de plazo de solicitudes por la emergencia sanitaria del 23 de marzo al 17 de septiembre de 2020.

Cuarto, un presupuesto educativo regresivo. Ante un escenario de crisis económica y sanitaria que exige un nuevo diseño presupuestal, la SEP parece desafiar el sentido común al no mandar señales contundentes para enfrentar el enorme reto que implica el abandono escolar y la acumulación de pérdida de aprendizajes por la pandemia entre las niñas y los niños, más desfavorecidos, de los cuales 3.2 millones trabajan en actividades económicas, normalmente informales y violatorias de derechos humanos. Tampoco parece estar preparada para recibir a los miles, o quizá más del millón de estudiantes, que migrarán de lo privado a lo público. Aunque el presupuesto asignado a educación básica presenta una disminución de 3 % en términos reales, las reasignaciones son francamente regresivas y buscan cumplir caprichos presidenciales rumbo a las elecciones de 2021.

En educación el presupuesto no funciona bajo la lógica del ciclo escolar que inicia en agosto y termina en junio, por lo que usualmente se utilizan programas sin reglas de operación, que tienen un amplio margen de discrecionalidad, tal y como el U080. En el caso de educación inicial, no son acordes al nuevo mandato constitucional; si bien hay un aumento real de 13 % de la bolsa de primera infancia, aún estamos muy lejos de garantizar la educación a la potencial demanda de ocho millones de estudiantes y lejos de las inversiones de 2015 con poco más de 5000 millones de pesos. Hoy el secretario ignora la importancia de la primera infancia, contrario a lo hace algunos años sostuvo en su libro, donde afirmó que “cada día es más numeroso el acervo de investigaciones que ratifican la importancia formativa de los primeros años del ser humano… la motivación intelectual en la edad preescolar puede aumentar las capacidades para su desarrollo educativo posterior”.

Quinto, se ha dejado de lado el fortalecimiento de mecanismos de prevención de la corrupción. Las acciones se han concentrado en las instancias centrales del gobierno federal con base en una estrategia de liderar con el ejemplo. Ante esto corremos el riesgo de que la corrupción se mantenga e incluso continúe creciendo. En educación se han tomado decisiones polémicas que no contribuyen a mandar señales claras sobre la eficacia de las medidas contra la corrupción. Tres ejemplos: 1) los rescates de orquestas sinfónicas expuesto por Quinto Elemento Lab; 2) los contratos por 969 millones adjudicados a Grupo Salinas publicado en Proceso, y 3) los acuerdos y más de 30 reuniones que el presidente ha tenido con las dirigencias sindicales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) preocupan por la opacidad y las consecuencias futuras de la politización de la educación pública.

Un estudio reciente publicado por Oxfam encontró que la mayor cantidad de irregularidades en educación equivalen a una tercera parte del presupuesto del ramo 11 para 2019. El programa U080, “Apoyo a centros y organizaciones de educación”, no pudo comprobar el uso de 10 000 millones de pesos, lo que implica que es el programa de todo el gasto público en desarrollo social con mayor cantidad de dinero perdido en educación, la puerta de la mina de oro del “huachicol educativo”. ¿Qué hará la SEP para transparentar el programa con mayores diferencias entre el monto presupuestado y ejercido en cada ejercicio fiscal desde 2014 hasta 2019? Diferente gobierno, ¿misma opacidad y malas prácticas?

Pretender construir una nueva arquitectura de la política educativa mediante la continuidad de malas prácticas, como en los gobiernos neoliberales, terminará por apagar la ilusión de la izquierda como opción política diferente, donde en realidad México no avanza en el combate al “huachicol educativo”, entre otros temas que también incluyen la desigualdad tan lastimosa. Vamos en exceso de velocidad en la destrucción de instituciones y pérdida del control educativo, mayor injerencia sindical y menor transparencia. Los ajustes operativos muestran acciones eminentemente centralistas, olvidando por completo lo escrito años atrás por el secretario en defensa de la descentralización educativa. ¿Nueva o vieja escuela mexicana?

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