Infraestructura escolar y clientelar hacia las elecciones de 2021

"Es importante invertir en infraestructura escolar, pero no en la opacidad y afectando programas educativos destinados a población vulnerable, como las Escuelas de Tiempo Completo y los apoyos en aprendizaje a migrantes e indígenas."
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Carlos González
05/11/2020

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La viabilidad de los programas de infraestructura escolar en México depende totalmente de los recursos públicos asignados para ello. Por eso la presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021 nos hace reflexionar sobre cómo esta administración pretende atender el enorme rezago que presentan las escuelas de educación básica, sobre diversas dimensiones y derechos. El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió en campaña financiar un ambicioso programa de construcción y mantenimiento de las escuelas y en su toma de protesta mencionó que los recursos para financiarlos se obtendrían de programas de ahorro y austeridad. Falso, en el proyecto de egresos el propio ejecutivo busca quitar recursos a otros programas educativos destinados a población vulnerable.

Aplaudimos que, al igual que otras administraciones, se continúe destinando importantes recursos para mejorar las condiciones físicas de las escuelas, pero preocupa la forma en cómo se está implementando y que su financiamiento, contrario a lo prometido, se haga a costa de otros programas igualmente valiosos. Además, la transparencia en los programas de infraestructura educativa y reconstrucción son un pendiente que arrastramos desde hace varios gobiernos, incluso los resultados de fiscalización de la cuenta pública 2019 muestran que hubo una cobertura de 296 planteles de los 736 dañados (únicamente el 40%), no se firmaron convenios con los estados, faltaron los calendarios para su entrega y hubo un gasto 50% mayor al presupuestado, con 1,230 millones de pesos. En pocas palabras durante el primer año de la administración, la operación y el gasto fue deficiente, desarticulado y no hubo control ni seguimiento, seguimos estancados en el campo fértil de la opacidad educativa.

Es un hecho que la emergencia actual acentúa los efectos de los rezagos de infraestructura; de acuerdo con información de 2018-2019, 41,283 escuelas de educación primaria, secundaria y planteles de educación media superior (EMS) no tenían agua potable, 16,041 operaron sin sanitarios para uso de estudiantes y 18,680 sin servicio de electricidad (Mejoredu, 2020). En primaria, las escuelas de educación indígena tienen la menor disponibilidad del servicio para el lavado de manos (39.5%), seguida de la primaria general con 73.8%. Tres de cada 10 telesecundarias no tienen servicio de agua. Por ello, la posible cancelación de diversos programas enfocados a atender el aprendizaje de las y los más vulnerables para crecer los recursos para infraestructura y la falta de transparencia en la rendición de cuentas es algo que se debe analizar a profundidad.

De acuerdo con el PPEF 2021 el programa La Escuela Es Nuestra (que maneja los recursos de infraestructura escolar) recibirá un incremento del 63% pero a costa de la disminución presupuestaria de otros programas relevantes como el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC), así como apoyos en aprendizaje a migrantes e indígenas. Existen al menos cinco riesgos importantes relacionados directamente con el derecho a aprender, principalmente de las y los más vulnerables si se aprueba el PPEF 2021 sin modificaciones en la Cámara de diputados.

El primer riesgo que vemos es que aumenten los recursos de LEEN, sin tener siquiera los resultados preliminares de la implementación en su primer año. Hasta la fecha se ha contado con muy poca transparencia y una nula desagregación de información del programa, por lo que puede ser cuestionable la forma de utilizar dichos recursos públicos. Los datos necesitan estar en formato abierto en la página de internet de LEEN. Presentar números sin contexto en las vespertinas no es rendición de cuentas. La información pública debe ser verificable, descargable y útil. Diferente gobierno, mismas prácticas.

Segundo. La desaparición del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED genera incertidumbre pues ha ocasionado un ajuste en las responsabilidades de los actores involucrados en la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de los inmuebles e instalaciones escolares. Esto se refleja en una falta de claridad sobre quiénes deben asumir las funciones y responsabilidades de aspectos centrales como la seguridad de los planteles educativos y la integridad física de las personas. ¿Si se cae el techo en un terremoto quién es responsable?

Tercero, el riesgo de su uso electoral en las elecciones intermedias 2021. Los vacíos e imprecisiones en los lineamientos del programa, emitido en octubre de 2019 (DOF, 03/10/2019) se conjuga con el hecho de que el levantamiento del padrón lo realizó y controla la Secretaría del Bienestar, institución que genera suspicacias. Esto plantea el reto a la Cámara de Diputados para emitir candados que no sólo garantice la seguridad de las instalaciones y el buen uso de los recursos, sino para asegurar mejores condiciones escolares para un regreso seguro. La principal preocupación es que LEEN se trasforme en la “caja chica” del gobierno y se descuide la calidad y seguridad estructural de las construcciones, no podemos permitir que los recursos se ejerzan con riesgos de uso político.

Cuarto, centralismo educativo e ignorancia de las capacidades estatales en desarrollo. Es importante incluir la participación de los Institutos Locales de Infraestructura como responsables de proporcionar asesoría y acompañamiento especializado a los Consejos Escolares de Administración Participativa (CEAP), tanto para la identificación de necesidades y elaboración de diagnósticos, emisión de dictámenes, entre otros. Regular la función del Director Responsable de Obra (DRO). Establecer un padrón de DRO que cumpla con las habilidades técnicas necesarias para llevar a cabo obras de construcción y reconstrucción en cada estado, al cual puedan recurrir los CEAP; establecer que todos los DRO deberán ser validados por las AEL; y determinar qué autoridad los supervisará.

Quinto riesgo, la opacidad del programa. Para combatir la corrupción será importante asegurar mayor transparencia y mecanismos de control para la comprobación del uso de recursos públicos, ya que LEEN tiene tres formas de trasparentar el uso del recurso y el uso de la nota de remisión como comprobante, no es legal en términos fiscales. Hay que asegurar que el ejercicio de los recursos realizado por las escuelas cuente con información suficiente, útil, clara, en datos abiertos y desagregada por estado y por escuela. Datos generales no son transparencia.

La información del estado que guarda la infraestructura física del país es un pendiente que requiere invertir presupuesto en establecer y mantener un sistema público de información junto a un equipo de profesionales que apoye y oriente a las familias en las decisiones de mejora de su escuela, cuando menos las relacionadas a la seguridad estructural y responsabilidades mayores. Desde educación inicial hasta superior, es necesario que todas las personas puedan conocer en tiempo y de forma fácil, útil, accesible e inclusiva la información detallada y desagregada sobre la infraestructura de cada escuela.

Queda pendiente retomar y esclarecer los mecanismos de bursatilización empleados en el Programa de Escuelas al Cien aplicados en 2019, de los cuales no se ha informado a la ciudadanía su reconversión o recuperación. Tampoco se explican los criterios de selección de las escuelas beneficiarias que se estipulan en los lineamientos de operación del programa, y sólo se presentan los listados en formato pdf con los nombres de las escuelas por entidad federativa. Ese es el nivel de transparencia, se presentan datos generales en las conferencias mañaneras, pero falta la información desagregada por escuela y el formato de datos abiertos para acceso universal.

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