¿Revalorización de las Escuelas Normales?

"El recorte del 95.7% a la inversión en formación inicial docente equivale a 217 pesos anuales por estudiante normalista para el pago de colegiatura. El Ejecutivo cree que con 20 millones alcanza para revalorizar la labor de las y los maestros, lo cual es incongruente."
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Gabriela Anzo
11/11/2020

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El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021 plantea un alarmante recorte del 95.7% a la inversión en formación inicial docente, dejando un presupuesto de tan sólo 20 millones de pesos1 para la operación anual de las 254 Escuelas Normales (EN) públicas del país (Ver Gráfica 1). Ésta es la asignación más baja de recursos en lo que va del siglo a este subsistema educativo, lo cual no sólo afecta directamente a los más de 92,000 estudiantes normalistas,2 sino a millones de niñas, niños y jóvenes (NNJ) que serán sus estudiantes en el corto y mediano plazo. De hacerse efectivo este recorte, el presupuesto asignado equivaldría a darle a cada estudiante normalista 217 pesos anuales para pagar su colegiatura.

Los 20 millones propuestos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) son incongruentes con lo que el Ejecutivo ha repetido constantemente: el interés por revalorizar la labor de las y los docentes. En el decálogo de acciones en materia educativa, que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en mayo de 2018 en Guelatao, Oaxaca, se planteó que sería “prioritario fortalecer a las Escuelas Normales y a la Universidad Pedagógica Nacional para actualizar y mejorar la calidad de la educación”.

Lo ofrecido en el punto 5 del decálogo quedó reflejado en el artículo tercero constitucional, tras la reforma de 2019. El marco constitucional reconoce que las y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y la transformación social y establece que el Estado mexicano debe garantizar que quienes ingresen a las instituciones de educación superior (IES) formadoras de docentes reciban una formación pertinente, relevante e integral para que cuenten con los conocimientos, aptitudes, competencias y experiencia necesarios para asegurar el aprendizaje y el desarrollo integral de sus estudiantes.

Aunque ese primer paso fue firme, el segundo será hacia atrás, pues este recorte presupuestario revela que las intenciones se han quedado sólo en el discurso, lejos de la realidad. Invertir en la formación y profesionalización de docentes es indispensable para garantizar el derecho a aprender de las NNJ, pues la evidencia ha demostrado que, entre todos los factores escolares que inciden en su aprendizaje, las y los maestros son quienes ocupan el lugar más importante, ya que generan vínculos que impactan su desarrollo cognitivo y socioemocional. Por ello, es crucial que se les proporcione una formación inicial que les permita responder al abanico de condiciones y necesidades de sus estudiantes –más ahora frente a la pandemia–, y que garantice que desde el inicio de su carrera desarrollen las habilidades, conocimientos, actitudes y experiencias fundamentales para que continúen aprendiendo a lo largo de su trayectoria profesional.

La evidencia disponible sobre la preparación de las y los futuros docentes sugiere que es necesario fortalecer su formación inicial mediante la identificación de los principales desafíos que enfrentan las escuelas formadoras de docentes. Entre ellos, se ha identificado que el logro de aprendizaje de las y los normalistas no ha sido el esperado, pues 1 de cada 3 estudiantes normalistas obtuvo nivel insuficiente en los Exámenes Generales de Conocimiento (EGC) desarrollados por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), aplicados hasta 2013 a estudiantes de penúltimo y último semestre de las licenciaturas en educación.3

Otro desafío ha sido concretar la profesionalización del profesorado de las EN, ya que no se ha logrado la consolidación de sus cuerpos académicos. En 2020, únicamente 4 EN tienen cuerpos académicos consolidados (menos del 2% del total de las EN); mientras que, entre las universidades en educación, humanidades y artes, el 30% cuenta con cuerpos académicos consolidados (220 de las 730).4 Para superarlo, es indispensable que se involucre al profesorado en la investigación, así como en la producción y difusión del conocimiento sobre la práctica docente.

La Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales (ENMEN) planteó, entre otras prioridades, la necesidad de contar con un presupuesto anual exclusivo para el subsistema de EN. Sin embargo, resulta irreal pensar que con 20 mdp se puedan lograr los 5 ejes rectores –formación de docentes para transformar el país, planeación de las EN para el futuro, desarrollo profesional de las y los formadores de docentes, autogestión de las EN, y planteamiento de la ruta curricular– que la ENMEN establece.

Y si le sumamos los retos derivados de la contingencia sanitaria por COVID-19, los 20 mdp propuestos resultan ridículos. Con cada día que las escuelas continúan cerradas se agravan los desafíos que enfrentan las NNJ para continuar con su desarrollo educativo. Hoy más que nunca el fortalecimiento de la formación de las y los maestros es necesario, pues necesitamos hacer de la docencia una profesión que atraiga a las y los mejores candidatos y que garantice sus derechos profesionales docentes desde el inicio de su carrera.

Es crucial que las EN, así como las demás instituciones formadoras de docentes, sean capaces de: evaluar la pertinencia de sus programas académicos actuales; adecuar sus contenidos y enfoques curriculares a sus necesidades; conformar redes académicas para fortalecer a su profesorado; dar acompañamiento y seguimiento puntual a sus estudiantes, y diseñar estrategias de mejora para fortalecer sus procesos de autogestión académica, de investigación y de innovación educativa.

Frente a esta realidad, exigimos a las y los diputados que se restablezca el presupuesto del Programa para el Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (S300) para la ahora Dirección General de Educación Superior para el Magisterio –antes DGESPE– y se incremente el monto de los subsidios transferidos a los niveles observados en el período 2015-2016, por encima de los 1,300 millones de pesos.

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