Educación indígena y migrante: una deuda histórica lejos de ser saldada

"Dos programas que CONEVAL ha catalogado como relevantes en la disminución de la carencia por rezago educativo en comunidades indígenas y migrantes se quedan sin presupuesto para 2021."
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Maite Zinser
13/11/2020

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El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021, presentado por el Ejecutivo y que se discute en la Cámara de Diputados, propone un recorte equivalente al 100% de los recursos destinados a la atención educativa de la población migrante e indígena.

El gasto destinado a la equidad y la inclusión educativa de dichas poblaciones es ejercido a través de dos programas presupuestales que, aunque de reciente reestructura y denominación (2019), han contribuido a la política educativa desde hace más de 20 años. En conjunto, el Programa de Atención a la Diversidad de la Educación Indígena (PADEI, S296) y el Programa de Atención Educativa de la Población Migrante (PAEPEM, S297) contaron con un total de 184.9 millones de pesos en 2020. Estos recursos tienen como objetivo apoyar a las instituciones (educación básica, media superior y superior) que proporcionan servicios educativos para las poblaciones indígenas y migrantes, así como promover y garantizar una oferta educativa pertinente y eliminar las barreras de acceso (desde infraestructura escolar y herramientas educativas, hasta aquellas asociadas a condiciones de marginación y desplazamiento familiar). De aprobarse el PPEF 2021, ambos programas sufrirán un recorte total, desapareciendo de la política social y educativa, afectando a miles de niñas, niños y jóvenes (NNJ) en situación de vulnerabilidad.

Si bien es cierto que ambos programas (S296 y S297) no cuentan con evaluaciones y monitoreo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) los ha catalogado como relevantes en la disminución de la carencia por rezago educativo debido a que los bienes y servicios entregados tienen posibles o potenciales efectos en este indicador. Además, aunque de reciente denominación, son resultado de la reestructura de programas previos que han representado esfuerzos importantes en la lucha por la equidad e inclusión educativas desde hace muchos años.1 Desaparecerlos implicaría suprimir apoyos para más de 7 mil escuelas y servicios indígenas y migrantes de nivel básico. Implicaría una regresión en el derecho humano a la educación de miles de NNJ que se han visto beneficiados por la mejora del Sistema Nacional de Control Escolar de Población Migrante (SINACEM), los incrementos en la población atendida desde educación inicial hasta secundaria, las capacitaciones docentes y el diseño de contenidos curriculares pertinentes con perspectiva de género y derechos humanos.

Los programas destinados a la atención de la población infantil agrícola migrante han llevado a la incorporación de una visión de diversidad cultural en nuestro país y han buscado enfrentar los retos de acceso y permanencia históricamente enfrentados por este grupo. La aprobación de los recortes propuestos supone un retroceso importante en dichos esfuerzos, impactando directamente en aspectos como los recursos destinados al pago de docentes, equipamiento de escuelas, materiales y las condiciones educativas. La estructura varía según el estado, pero en su mayoría, las escuelas apoyadas por estos programas operan en esquemas frágiles caracterizados por la contratación de becarios y docentes en contraturno, pago por honorarios o, en algunos casos, incluso sin contratos formales y por escrito. El recorte de recursos lejos de combatir esta realidad generará condiciones laborales más precarias e inciertas, con un impacto directo en la enseñanza y el aprendizaje. Además, en el caso de muchas niñas y niños jornaleros, la escuela se ha convertido en un espacio clave para su desarrollo social y afectivo por el contacto con la comunidad escolar y los espacios de juego.

Las brechas en el acceso al aprendizaje y la permanencia en la escuela no son ajenas a las NNJ indígenas y los indicadores educativos reflejan el rezago enfrentado por esta población. En las primarias indígenas, 80% del alumnado obtiene un nivel de logro académico insuficiente en Lenguaje y Comunicación y el 83.3% en Matemáticas, mientras que sólo el 3.9% de los estudiantes de sexto de primaria obtiene niveles satisfactorio y sobresaliente en Lenguaje y 7% Matemáticas. Por el contrario, en las primarias generales públicas estas proporciones son de 14.4% y 18.3%, respectivamente (PLANEA-ELSEN 2015). Además, la tasa de analfabetismo registrada entre los indígenas de 15 años o más, es tres veces mayor a la de la población en general (19.3% vs. 6.3%). Otro dato relevante es el de las tasas de ocupación en la población entre 25 y 64 años, donde la disparidad entre sexos se reduce a medida que los niveles de escolaridad aumentan; la tasa de ocupación de los hombres –aún sin escolaridad– es cuatro veces más grande que la de las mujeres (70.6% vs. 17.9%). En suma, estos números revelan una realidad en la que aún hay mucho por hacer y la reducción de recursos está muy lejos de ser el camino a seguir.

Invertir en programas dirigidos a la educación indígena y migrante es invertir para revertir brechas y eliminar barreras. No podemos aprobar un presupuesto que en lugar de dar un paso hacia adelante da tres hacia atrás y perpetúa una deuda histórica. Debemos proteger a las miles de niñas, niños y jóvenes que se encuentran en un contexto vulnerable; debemos implementar acciones y programas pertinentes, que ofrezcan servicios educativos que contribuyan a su inclusión y a la equidad educativa. Hoy, más que nunca, debemos asignar más y no menos.

1 S244, Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE), creado en 2014, como resultado de la fusión de siete programas previos entre los que se encontraban el S11, Programa de Educación Básica para niños y niñas de familias jornaleras agrícolas migrantes (PRONIM) y el I042, Fortalecimiento a las Acciones Asociadas a la Educación Indígena.

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