Soy maestra desde hace 27 años y durante el presente sexenio tuve el cargo de supervisora tanto en el sector rural como en el urbano. Mi experiencia en las escuelas me permite hacer un balance de los avances y desafíos del sector educativo en México y ofrecer una propuesta que garantice el derecho a aprender de niñas y niños de educación básica.

Es crucial evaluar las políticas educativas implementadas en el sexenio, específicamente "La Escuela es Nuestra". Así mismo, es necesario analizar los programas de apoyo como las Becas Benito Juárez otorgadas a estudiantes de bajos recursos.

La Escuela es Nuestra
"La Escuela es Nuestra" es una iniciativa clave que permite la mejora de la infraestructura escolar a través de la construcción, mantenimiento y equipamiento, beneficiando a niñas, niños y adolescentes. En este programa, las madres y los padres de familia son quienes directamente gestionan los recursos destinados a la escuela. Sin embargo, en la práctica, se desconocen las reglas de operación porque no se permite a las y los directivos o docentes proponer las actividades. Las decisiones se toman en reuniones con madres y padres de familia, y aunque las y los docentes o directivos son invitados, son las familias quienes hablan de las necesidades en los planteles y priorizan las actividades junto a quienes organizan la reunión.

En mi experiencia, de las ocho instituciones de la zona escolar donde me encuentro, sólo tres escuelas ejercieron sus recursos de acuerdo con las prioridades. En el resto, las decisiones no resultaron en una buena inversión. Por ejemplo, un tesorero tomó prestado el 35% de la aportación y no se logró concluir lo planeado.

Otras instituciones decidieron realizar mejoras que ya habían sido realizadas por otros programas, como derribar una entrada y construir una barda sin la correcta planeación, lo que ahora causa estancamiento de agua y representa un peligro para las y los estudiantes.
En lugar de estas obras, en los planteles, se requería un techado para protegerlos de la lluvia. Además, en muchos casos, los precios de las construcciones se elevan hasta el doble del costo real tanto en materiales como en mano de obra.

Quienes integran el Comité de "La Escuela es Nuestra" no permiten a las y los docentes y directivos opinar al respecto. Aunque hay casos con mejoras visibles en las escuelas, también existe esa otra parte que no quiere escuchar.

Las zonas rurales han sido beneficiadas en su mayoría y eso es una buena noticia, pero se ha dejado en suspenso a las escuelas urbanas que son antiguas y se encuentran abandonadas, especialmente las que están en el centro de las ciudades. 

Becas Benito Juárez
El programa de Becas Benito Juárez ha sido uno de los más visibles del sexenio en el ámbito educativo. Busca reducir el abandono escolar y apoyar a estudiantes de bajos recursos. Sin duda, ha beneficiado a una gran parte de alumnos, pero la falta de transparencia y los indicadores reales que permitan evaluar y medir el impacto siempre estarán en duda. Las alumnas y los alumnos beneficiarios de estas becas reciben un apoyo cuyo impacto en la reducción de necesidades y la mejora de oportunidades académicas no se puede evaluar adecuadamente.

Específicamente en preescolar, no se otorgan becas. Es necesario voltear hacia este nivel. Si en 2019 se hizo obligatoria la educación inicial, no se explica por qué existe este sesgo en preescolar, que es un nivel obligatorio desde 2012. Esto puede causar que las familias no prioricen el ingreso a los preescolares en edades de 3 a 5 años, lo que impacta negativamente en el desarrollo integral del educando y en su derecho a aprender. Es importante seguir trabajando en políticas públicas que impacten en la educación preescolar.

Propuesta para el Próximo Sexenio
Para el sexenio que viene, mi propuesta como docente es mantener los programas, pero es indispensable realizar una evaluación profunda de sus fortalezas y centrarse en mejorarlos.

Es importante que ambos programas estén enfocados en que niñas, niños y adolescentes (NNA) aprendan más y mejor. Complementarlos con una mayor transparencia en la gestión de los recursos, capacitación para los padres de familia en la correcta administración de los fondos y una participación activa de las y los docentes y directivos en la toma de decisiones serán pasos fundamentales para lograr una educación de calidad que beneficie el ejercicio del derecho a aprender de las y los estudiantes.